Por: Miguel Antonio Bernal V.

“La formula política de la Constitución se funda en valores”

Hablar de valores y de Constitución, hoy por hoy en Panamá, es un atorrante contrasentido.  Ello es así por el hecho que estamos ante un estatuto constitucional impuesto hace medio siglo, que sigue imperando sobre los ciudadanos y, además,  violando los más caros principios del constitucionalismo moderno.

La crisis institucional por la que atraviesa nuestra sociedad se ha ido acentuando durante los últimos lustros.  Así tenemos que, después de la invasion, no hemos sido capaces como sociedad, de establecer -como objetivo común y prioritario-, el de una transición democratizadora hacia una reconstitucionalización que nos lleve a un Estado Constitucional Democrático de Derecho.

Incapaz de generar los valores necesarios de respeto a la dignidad humana, de reconocimiento y protección de las libertades y derechos fundamentales y las exigencias del bien común, el orden constitucional impuesto no está acorde con las funciones modernas de una Constitución, ni tampoco con la institucionalidad necesaria.

La sociedad ha sido llevada a un callejón sin salida para el establecimiento de los valores que deben acompañar a una Constitución. Prueba de ello es que, los fundamentos sobre los cuales descansa la estructura socioeconómica de nuestro Estado, no hace más que sostener y promover la desigualdad social, cultural y política. Las estadísticas que enseña Panamá hablan por si solas de tan grave situación producto de la exclusión del ciudadano en la participación de los asuntos públicos.

Hoy por hoy, hemos vuelto al predominio de lo que décadas atrás se denominó “Rosca S.A.”, para describir las injusticias y desigualdades que, en todos los dominios, imponía la “clase políitica” al país.

Libertad. Justicia, Igualdad, Tolerancia, Pluralismo Político, Transparencia, Rendición de Cuentas, Independencia del Órgano Judicial, por ejemplo,  han pasado a ser una mera ilusión, en la medida en que los poderes públicos se niegan a admitir la igualdad ante la Ley y las oportunidades que deben tener los ciudadanos, con la debida independencia de la distinta situación económica y social de cada uno. (Continuará)…

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