Por: Alfonso Fraguela
Los que muchos pensaron que eran meras especulaciones y amenazas políticas, parece que se convirtieron en acciones concretas, y es la reacción de ciudadanos a solicitar la revocatoria de mandatos de servidores públicos de elección popular.
Hasta el pasado 9 de julio, el Tribunal Electoral publicó en su Web 9 solicitudes de revocatoria de mandato, en 3 provincias alcanzando a Stefany Peñalba, Oliver Joel Ríos, Manuel Cheng, Raquel Murillo, José Enrique Pérez, Franklin Valdez, Olga Paulette Thomas Horly, Maygualida Sánchez, y Salvador Alexander Lobos.
Todo nos hace suponer que la comunidad no esta cómoda con el servicio ofrecido por los funcionarios públicos electos, llevándolos a tomar esta medida legal democrática para sacarlos del cargo.
Debemos recordar que la medida de revocatoria de mandato solamente es aplicable entre el segundo hasta el cuarto año de gestión, después de ese periodo no es dable por las autoridades electorales.
Es por ello, que el Tribunal Electoral notificó a los servidores públicos electos de los procesos respectivos, para que participen en el desarrollo de éste, tomando en consideración que nos encontramos ahora en una fase de preparación, donde la entidad debe preparar toda la logística para anunciar el mecanismo de recolección de firma, y el procedimiento empleado para ello.
Aunque se ha hablado de una nueva de reglas del juego para la revocatoria del mandato, a partir del 7 de julio según los medios de comunicación, somos del criterio debe ser acorde a las disposiciones vigentes al momento de la presentación de la solicitud, permitiendo el respeto al principio de legalidad, con el desarrollo de un proceso claro irrefutable que garantice resultados transparentes.
Este tipo de acciones como la revocatoria de mandato, inicia un proceso de deterioro a la confianza que tiene el ciudadano o elector sobre la figura a quien le dio el voto o que hoy lo representa.
En síntesis, quien llega a un cargo por el voto popular, debe ser consciente que su día de salida del cargo no será en 5 años, sino desde el momento de quien le dio el voto de confianza perciba que le tomaron el pelo.