Unas 58 personas enfrentaron la ley tras estar relacionados con diversas faltas y delitos contemplados en las leyes ambientales, como lo establece el Código Penal, así lo destacó Elmer Caballero, jefe de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística.

Entre estas faltas y delitos se encuentran la tala de árboles maderables, la quema, la caza y la minería ilegal. 

Se atendieron 48 denuncias relacionadas con los delitos ambientales, 51 casos de delitos contra la fauna silvestre, además de 34 denuncias contra los animales domésticos.

Destacó que todos los implicados y sospechosos han sido puestos a órdenes de las autoridades ambientales y del Ministerio Público.

En las últimas 24 horas de la Operación Apolo, los estamentos de seguridad en coordinación con el Ministerio Público decomisan 47 paquetes con droga y aprehenden a 155 personas, de ellas, 86 fueron por oficio, 46 por faltas administrativas, 16 en flagrancia, 05 por Microtráfico y 02 por Narcotráfico.

Según el informe, se realizaron 22 allanamientos, se decomisan 7 armas de fuego con 95 municiones, B/. 163.00 en efectivo, 3 vehículos recuperados y una lancha incautada. También, el Servicio Nacional de Migración tramitó a 1,113 extranjeros.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito colocaron 2,527 infracciones, entre las más sobresalientes están: 399 por exceso de velocidad, 36 por embriaguez comprobada y 23 por licencia vencida.

Con estas acciones se fortalece la lucha contra la delincuencia y contra el Narcotráfico, en todo el territorio nacional.

La resolución permite la disponibilidad de estas bandas (bajas y medias) para uso de los operadores en condiciones y cantidades necesarias, con el fin de potenciar el despliegue de la nueva generación de servicios móviles con la llegada de la quinta generación (5G) de las tecnologías móviles.

El Consejo de Gabinete, presidido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) a establecer el precio que deben pagar las concesionarias de telefonía celular por el derecho de uso de las bandas bajas y bandas medias, en el evento de que se acojan al derecho consignado en la Cláusula 55 de sus contratos de concesión.

De acuerdo con la resolución del Consejo de Ministros, la ASEP queda autorizada a establecer las sumas de B/.1,462,997.00 por MHz y B/.1,214,287.00 por MHz, que deben pagar las concesionarias de telefonía móvil por el derecho de uso de las bandas bajas (700 MHz) y bandas medias (1427 a 1518 MHz), en caso de que se acojan a la Cláusula 55 de sus contratos de concesión.

La resolución autoriza al Ministerio de Gobierno, facultado por Constitución para este tipo de regulaciones, previa autorización del Consejo de Gabinete, para que suscriba las respectivas adendas con las concesionarias, utilizando el precio previamente establecido en la resolución.

De conformidad con la Cláusula 55 de los citados contratos de concesión, las concesionarias de telefonía celular tienen el derecho de obtener la asignación de espectro radioeléctrico adicional, dentro de las bandas concedidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), para los Contratos de Concesión 106 y 107, celebrados con el Estado a través del Ministerio de Gobierno.

La resolución permite la disponibilidad de estas bandas para uso de los operadores en condiciones y cantidades necesarias para potenciar el despliegue de la nueva generación de servicios móviles con la llegada de la quinta generación (5G) de las tecnologías móviles. Además, la industria de telefonía móvil prevé un aumento de entre 10 y 100 veces en el tráfico de sus redes para la década 2020-2030, así como un incremento del número de dispositivos y servicios, los cuales demandan de una mayor asequibilidad y una mejor experiencia de usuario.

En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

«Resaltar el progreso de Panamá en estas áreas es una oportunidad valiosa para nuestro país», manifestó el ministro Alexander durante la inauguración del evento. «La participación en este foro es una muestra tangible de la importancia que tiene para Panamá y la región trabajar unidos para lograr grandes metas que beneficien a nuestras poblaciones en la lucha contra el crimen organizado», agregó.

El ministro subrayó el crecimiento sostenible de la economía panameña a lo largo de los años, incluso bajo circunstancias desafiantes como la pandemia de Covid-19. «Panamá ha demostrado un crecimiento económico promedio cercano al 6% anual, liderando la región latinoamericana en este aspecto», afirmó.

Enfatizó en la importancia de desarrollar políticas y normas efectivas para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de Panamá, con un enfoque fundamental en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Alexander destacó los esfuerzos significativos de Panamá y la región latinoamericana en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la generación y actualización de normas conforme a estándares internacionales, así como el fortalecimiento de herramientas y conocimientos para regular y supervisar oportunamente sectores y actividades comerciales.

También resaltó las acciones implementadas por Panamá para mejorar la transparencia y combatir el crimen organizado, lo que llevó a la exclusión del país de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023, y de la Lista de Países de Alto Riesgo por Deficiencias Estratégicas en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Unión Europea en marzo de 2024.

«Hoy contamos con el Registro Único de Beneficiarios Finales, lo que nos ha permitido estar un paso adelante en la identificación de beneficiarios finales», destacó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A la vez, enfatizó la responsabilidad compartida de implementar medidas contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, destacando la importancia de continuar uniendo esfuerzos para abordar los desafíos de la transparencia financiera y fiscal internacional.

La quinta versión de Fórum que se desarrolla hasta el viernes 12 de abril, reúne a profesionales y técnicos de todos los sectores regulados de Panamá, que incluyen los sectores financieros y no financieros, representantes del sector privado y funcionarios públicos de diferentes jurisdicciones.