Por: Juan Manuel Castulovich.
De acuerdo con el informe financiero que acaba de publicar la dirección de la Caja del Seguro Social, el déficit de caja del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, al cierre del año 2023, fue de 640 millones, a los que habrá que sumar los que se acumulen hasta diciembre del 2024.
En otra noticia relacionada, en general, con la crisis de la Seguridad Social, se viene dando cuenta de las reuniones que se celebran en la presidencia y de las que se supone debe, emerger, por consenso, la propuesta salvadora que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional, la que, pensando con el mayor de los optimismos, la discutiría y aprobaría en un período extraordinario de sesiones, que se convocaría para los meses de noviembre y diciembre. Por tanto, para enero de 2025, entrarían a regir, las reformas a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.
Lamentablemente, ese panorama parece poco probable, por varias razones. La primera y más importante, es que se intenta construir un andamiaje, tratando, ilusamente, de eludir la definición de la naturaleza del sistema de pensiones, que es por donde se debe partir. La segunda, es no separar los problemas a resolver y, en lugar de jerarquizarlos, de acuerdo a sus diferentes urgencias y características, hablar de todos a la vez y abordarlos como si fueran iguales.
En la Caja del Seguro Social convergen muchos problemas que requieren atención y solución: 1) las deficiencias en los modelos de atención 2) el desabastecimiento crónico de medicamentos 3) la opacidad en los procesos de compras 4) la falta de sistematización de procedimientos que deben ser primarios, a pesar de haberse gastado ingentes sumas de dinero en supuestos procesos de modernización tecnológica 5) la acumulación de deudas, tanto por el Gobierno como por patronos que las han retenido y se las apropiaron en vez de entregarlas a la Caja 6) una Junta Directiva de demostrada incapacidad para presionar oportunamente las correcciones. Esas para mencionar solo algunas.
Pero sin duda, el gran problema no es ninguno de los anteriores sino la galopante crisis del Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, que sigue acumulando déficits y que, como ya está decantado o se interrumpe con una medida salvadora urgentes o irremisiblemente colapsará, durante el año 2025. Así de sencillo, de claro y de dramático.
Por consiguiente, si ese es el problema fundamental, a él se le debe prestar atención, antes y separadamente de todos los otros que, si bien también es necesario que se atiendan, objetivamente son secundarios y de naturaleza distinta. Mejorar modelos de atención o comprar los medicamentos por procedimientos transparentes o evitar que caduquen o se pierdan en los depósitos donde se los guarda, es responsabilidad de una buena gerencia que, si es competente puede y debe corregirlos en términos de semanas.
Lo que necesita saber el país y muy especialmente los más de 300,000 pensionados y jubilados es cuándo y cómo se cubrirá el déficit del Fondo de Pensiones. Solamente hay una manera de hacerlo, y eso lo sabe el nuevo gobierno, es incluir en el Presupuesto para la vigencia fiscal del 2025, las partidas necesarias para cubrirlo o, por lo menos aliviarlo. Pero como, a estas alturas, a pesar de que el plazo constitucional para presentarlo venció el pasado 10 de agosto, se desconocen sus contenidos, se impone que, como un adelanto necesario y urgente, la presidencia haga un anuncio específico.
La certeza de que se incluirán esas partidas, por un lado, devolverá tranquilidad a muchos miles de hogares y alejará las incertidumbres y las especulaciones que, de persistir, para nada contribuirán a crear el clima y las condiciones propicias para enrumbar las eventuales soluciones que, ni están por ahora a la vista ni es esperable que se puedan poner en vigor en los plazos que, con infundado optimismo, se alientan desde varios sectores, pero principalmente, desde las alturas gubernamentales.
