La Universidad de Panamá no atraviesa un momento cualquiera. Se encuentra, sin exagerar, en una encrucijada histórica donde lo que está en juego no es solo la elección de un rector, sino el alma misma de la institución.
Hoy, más que nunca, la comunidad universitaria está llamada a decidir entre la continuidad de viejas prácticas o la ruptura definitiva con un modelo agotado, marcado por la inercia, el clientelismo y la mediocridad institucionalizada.
Durante los últimos años, la universidad ha sido secuestrada por estructuras de poder que han convertido la gestión académica en un botín político. La burocracia no es casual: es funcional. Trámites interminables, decisiones opacas y una administración que parece diseñada para obstaculizar, no para servir. Este sistema no colapsa por accidente; se sostiene porque beneficia a quienes han aprendido a sobrevivir y prosperar en el desorden.
La contienda electoral por la rectoría, lejos de ser un ejercicio democrático puro, ha estado históricamente contaminada por prácticas que poco tienen que ver con la excelencia académica. Promesas vacías, pactos bajo la mesa y estructuras clientelares siguen marcando el ritmo de una elección que debería ser el máximo ejemplo de ética universitaria.
Aquí no basta con discursos elegantes: la comunidad exige definiciones claras y posiciones firmes.Uno de los problemas más graves es la politización descarada de los espacios académicos. No se trata de participación que es legítima, sino de manipulación.
Se han distorsionado los concursos docentes, se han condicionado nombramientos y se ha premiado la lealtad por encima del mérito. El resultado es una universidad que pierde competitividad, credibilidad y, peor aún, su esencia formadora. La calidad académica ha sido una de las principales víctimas de este deterioro.
Planes de estudio desactualizados, investigación limitada y una débil vinculación con las demandas reales del país reflejan una institución que ha dejado de mirarse críticamente. Mientras el mundo avanza hacia modelos educativos dinámicos, interdisciplinarios y tecnológicos, la Universidad de Panamá sigue atrapada en esquemas rígidos que responden más al pasado que al futuro.
Y no se puede ignorar la precariedad de la infraestructura.
Facultades con edificios deteriorados, laboratorios obsoletos y recursos tecnológicos insuficientes son el reflejo visible de una gestión que ha fallado en lo esencial. Pero el problema no es únicamente presupuestario: es, sobre todo, de prioridades.
Se ha invertido mal, se ha administrado peor y, en muchos casos, no se ha rendido cuentas.
Frente a este panorama, la elección de rector no puede ser un simple relevo de figuras. Debe ser un acto de ruptura. Se necesita un liderazgo que confronte sin titubeos las prácticas enquistadas, que desmonte las redes de privilegio y que devuelva la universidad a su misión original: formar, investigar y transformar.
La solución que presenta el Doctor Cesar Augusto García Escobar, pasa por medidas concretas y valientes: digitalización real de los procesos, auditorías independientes, concursos transparentes, evaluación docente rigurosa y una reforma profunda de la gobernanza universitaria. No hay espacio para medias tintas. O se cambia el sistema, o el sistema termina de devorar la institución.
El autor de este artículo de opinión es Ing. Civil retirado egresado de la Univ. de Panamá, con estudios en psicología.
