Panamá necesita una auténtica auditoría forense de lo actuado en contrataciones públicas (Dirección General de Contrataciones Públicas) y ley 38 de 2000 que garanticen el buen manejo de los recursos, como buen padre administrador y así garantizar que los recursos llegarán a las inversiones sociales de la población más vulnerable y necesitada.
El pasado 18 de noviembre de 2022, La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente el Acuerdo 2 del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), aprobado en una sesión extraordinaria virtual el 30 de agosto de 2021, el cual ratificó a los miembros del Tribunal Superior de Elecciones de la institución.
La medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia nos brinda un poco de tranquilidad, a pesar de ser temporal, podemos ver una acción clara para intentar frenar la reelección de una “funcionaria publica” que claramente ha sido cuestionada por la sociedad panameña.
Los cuestionamientos a la rectora de la Unachi, nacen por una serie de denuncias de supuestas irregularidades en el manejo de los fondos. Denuncias que han sido presentadas antes las instancias judiciales. A esto se le suma la solicitud que presentamos ante La Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora de los fondos públicos, para que realizara una auditoría forense a ese Centro de Estudio Superior.
Desde el 26 de julio a esta fecha, solo hemos recibido una respuesta “Se está realizando una auditoria a la Universidad” lo cual consideramos es un irrespeto para el país y para la juventud. Vivimos momentos históricos, con un gobierno cuestionado por el despilfarro del erario, la corrupción y la impunidad rampante. Lo más triste es que se creen intocable y el Ministerio Público está secuestrado y ni decir la Corte.
Es un hecho indiscutible que la corrupción durante las últimas décadas se ha instalado, como un problema estructural y endémico en el modelo de desarrollo, lo que ha subsumido al país en una situación que genera incertidumbre, desigualdad, inequidad y exclusión, hecho que vulnera el presente y atenta contra el futuro de la nación. Más aún, el gobierno de turno envía un mensaje equivocado a la juventud. La arrogancia no es buena consejera.
Y ¿Que hacen nuestras autoridades? ¿callar? ¿intentar mira para otro lado? ¿Será que la falta de formalización del Procurador General de la Nación es para poder tener ese juego de cintura?
Permitir la institucionalidad de “La corrupción” es destruir nuestro futuro y el de las familias panameñas, la cual viene atravesando una situación deplorable. No es momento para intentar “pasar agachado” como lo ha hecho la Asamblea Nacional de Diputados. Es el momento de poner un alto y defender los verdaderos intereses de la nación.
Una nación prospera es lo que se necesita para garantizar mejores servicios públicos educativos y hacer garantizar el triunfo sobre la desigualdad y la pobreza.
