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Los panameños somos víctimas de nuestra riqueza como nación y de nuestra formación cultural-social. Indudablemente la posición geográfica, el clima y la riqueza natural nos brinda un potencial económico nada despreciable en un mundo de escasez. Nuestra formación multicultural producto de la explotación de esas riquezas nos ha llevado a construir una sociedad de valores y aspiraciones poco apegado a la realidad de la estructura económica y los esfuerzos sociales por aumentar la capacidad productiva nacional de nuestra población. Este fenómeno ha producido una tendencia hacia la corrupción colectiva de la sociedad que hoy amenaza su existencia.

Somos 4.2 millones de panameños que cada año producimos más de 70 mil millones de dólares, tenemos un gobierno con un presupuesto de más de 30 mil millones de dólares y tenemos más de un millón de pobres, una clase media recargada de impuestos y la existencia de una economía paralela producto del lavado de dinero, el narcotráfico y otras patologías económicas sociales del mundo moderno.

Socialmente mantenemos un grado de inseguridad superior al que deberíamos tener y los servicios públicos son precarios, obsoletos y escasos.

Todos estos problemas son de vieja data. Las ultimas 5 campañas política después del retorno del Canal de Panamá al control nacional han marcado una constante en la identificación de los problemas y una solución más lenta de lo necesario para solventar los problemas del desarrollo que enfrentamos cada día.

Las razones de esta realidad vienen desde la falta de voluntad, la limitada creatividad o capacidad de construir soluciones sostenibles nacionales a los principales problemas, a la existencia de una burocracia enferma y sin una dirección estratégica de desarrollo que opera sin coordinación ni objetivos generales, así como el dominio de interés particulares de todo tipo sobre los nacionales se han convertido en un obstáculo al crecimiento y desarrollo nacional. Los monopolios, la narcopolítica, el clientelismo, la corrupción generalizada, el crimen organizado, el desequilibrado e injusto sistema fiscal, el abuso permitido de las compañías privadas que prestan servicios públicos son parte de los problemas estructurales que debemos resolver en el futuro inmediato.

A pesar de todo esto todavía hoy se puede vivir en Panamá, por cuanto tiempo no sabemos, va a depender de nosotros mismos, lo cual requiere toma de decisiones acertadas y certeras en los procesos de escogencias económicas y políticas de parte del Estado panameño y de la colaboración de los otros actores económicos. La solución es colectiva, requiere de buenas decisiones de las partes, lo cual a su vez nos da el primer reto de la gestión pública; encontrar un método de construcción de confianzas basado en la transparencia de la consulta pública y la construcción de consensos sobre como actuar en el futuro inmediato para resolver los problemas que nos aquejan como sociedad.

Este reto inicialmente está determinado por la necesidad de resolver las causas principales del conflicto social actual como lo son lograr el crecimiento y distribuir sostenidamente los recursos para producir los cambios necesarios,  eliminar la pobreza, aumentar la capacidad productiva de la sociedad en su conjunto, reconstruir un sistema de servicios públicos eficiente y eficaz basado en justicia ciudadana y con distribución de costes proporcionales al aporte e inserción económica de los individuos-familias y responsabilidades individuales.

Una apuesta sería a mejorar el sistema educativo, reorientarlo a la visión estratégica de país y elevarlo a estándares mundiales (esto debe ser una condición ineludible y obligatoria en el futuro inmediato); corregir la ineficiencia del sistema de salud pública es una tarea urgente, necesaria y obligatoria si queremos brindar un servicio sanitario con estándares de calidad; el mantenimiento y expansión de la infraestructura productiva requiere de un sistema permanente de mantenimiento y una expansión en base a maximizar su uso por el sector privado.

Lograr todas estas metas requiere un tiro de timón en la estrategia de desarrollo nacional. Primero está claro que la generación de empleo es una necesidad no postergable, hoy solo genera puestos de trabajo el sector gubernamental y la economía informal lo cual indica que hay que aumentar la inversión privada nacional y extranjera, esta última debe ser orientada a lo que el país necesita desarrollar, lo que implica una política de inversión extranjera guiada, algo complejo pero posible.

La inversión del Estado por una parte debe complementar la estrategia de inversión privada y por la otra centrarse en mejorar servicios públicos como salud, agua, carreteras y otros servicios prioritarios ya que una parte del mejoramiento de la calidad de vida de los menos afortunados será mejores servicios públicos.

Finalmente creo que solo una estrategia de desarrollo que apueste por aprovechar al máximo el espacio que brinda todavía la zona de tránsito y su modelo de servicios tantos públicos como privados combinado con una cosmovisión que proponga el uso y el aprovechamiento económico de la totalidad de la geografía nacional.

Específicamente vincular el país al turismo desde diferentes flujos de entrada, igual que el comercio y los servicios:

En Chiriquí debemos conectar a Puerto Armuelles con el mercado asiático, lo cual implica ampliar el transporte de combustible con nuevos oleoductos, expandir la capacidad portuaria local al turismo y al comercio.

David debe ser conectado al mercado centroamericano y caribeño ampliando su aeropuerto y construyendo un sistema de transporte moderno y barato como el ferrocarril para reducir costos y obtener las ventajas comparativas por la posición geográfica, la operación del aeropuerto por una línea aérea de renombre de Norte América podría disparar el turismo residencial y de salud de Tierras Altas, Boquete y David, este esfuerzo dispararía su sector agrícola y todo esto podría ser un trabajo en alianza con el sector privado nacional e internacional.

Bocas del Toro igual que todo el litoral atlántico debe ser conectado a esa enorme y prospera economía turística caribeña, el muelle de cruceros de Isla Bocas deberá ser una realidad y la administración de su aeropuerto podría ser negociado con una compañía latinoamericana o europea y convertirlo en un centro de intercambio de pasajeros de turismo de recreación y de turismo de aventuras-ecológico, esta estrategia permitiría integrar a la región de Ño Kribo de la comarca Ngäbe Bugle, dicho sea de paso, es la región más pobre del país y la más aislada. La carretera del caribe es un reto postergado a terminar que permitiría integrarnos por la costa atlántica panameña con los casi tres mil kilómetros de costa panameñas en el caribe que actualmente no están vinculadas a la próspera e innovadora economía del Caribe que además se complementaría con la nuestra. También en el caribe Panamá tendrá que decidir que hará con las instalaciones mineras, o si retomara el tema minero que pende como una espada de Damocles sobre nuestras finanzas pública.

La ciudad de Colón hay que rescatarla pero sin conexión a un modelo económico más participativo, será un esfuerzo en vano ya que su talento sigue emigrando interna y externamente y los que se quedan muestran una tendencia cultural más retirada con peligrosas patologías sociales, sin embargo Colón tiene potencialidades para convertirse en la Perla del Caribe porque tiene historia, atractivos turístico, ventaja económica comercial turística y cultural, solo necesita atención, impulso y decisiones. Recuperar Colón es prioridad sobre un modelo participativo y distributivo. Colón: puerto libre, Colón: puerto de Crucero, Colón deportivo, Colón como centro de diversión recreación y como centro cultural es posible. Colón está hermanado con el Caribe por lazos de sangre.

La comarca GUNA tiene potencialidades inimaginables. Hay que llegar a acuerdos con sus autoridades en pro de generar los servicios y las garantías para su impulso al desarrollo sostenible ecoturístico y de diversión. Lograr esto los convertiría en la población más prospera del Istmo.

Darién, la perla ecológica, la estamos dejando perder por una política de abandono y de impulso a la ganadería extensiva. La carretera la infraestructura y la seguridad regional podría convertir a Darién en la Disneylandia ecológica de la región, lo que le permitiría enfrentar el flujo migratorio de una mejor manera. La experiencia indica que debemos convertir a Darién y Panamá Este en un segundo proveedor de alimentos para la zona de tránsito en torno al Canal de Panamá.

La ciudad de Panamá requerirá de una administración local con el apoyo nacional más creativa que aproveche más su potencialidad. Se debe convertir la ciudad en la capital de América Latina en varios aspectos. Esto es posible si diseñamos las políticas, planes y estrategia adecuadas. Por nuestro aeropuerto transita más de 17 millones de pasajeros y poco menos de un millón se quedan en Panamá, solo si duplicamos el número ya tendríamos un crecimiento más próspero.

 Arraiján y Chorrera deberán convertirse en las nuevas ciudades de la zona de tránsito, para lo que requerirán infraestructura, servicios públicos y promoción para atraer economías locales en el área industria, servicios y agropecuaria.

Las playas y las provincias centrales ya tienen su dinámica propia. Se debe terminar el puerto de exportación en Aguadulce, desarrollar la zona franca para atraer inversiones y crear un aeropuerto internacional en la región de Azuero y/o Veraguas de apoyo al turismo. El reto está y necesita un gobierno comprometido con la prosperidad de los panameños y un pueblo decidido a avanzar.

Dicky Panay

Panamá, 20 de febrero de 2024

Las exenciones fiscales para incentivar el desarrollo turístico en el interior del país, contenidas en la ley 789 recién sancionada por el presidente de la República Laurentino Cortizo, busca generar ingresos para el Estado y crear empleos directos e indirectos, expresó el director General de Ingresos, Publio De Gracia.

Agregó que es evidente que el sector turismo comienza a mostrar una leve recuperación y recordó que la ley solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Publio De Gracia – Director de la DGI.

No se trata de un beneficio eterno, sino de un beneficio específico para que empresas naturales y jurídicas que deseen desarrollar el turismo en el interior del país lo puedan hacer hasta su fecha de vigencia”, sostuvo De Gracia.

Las empresas interesadas en obtener las exenciones fiscales pasarán por un proceso bastante rígido en las siguientes instancias: Dirección General de Ingresos (DGI), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que el recaudo tributario en Colombia, entre enero y mayo de 2022, llegó hasta los $95,42 billones, un dato que repunta 33,3 % cuando se compara con el mismo lapso del 2021.

Así mismo, el recaudo a mayo supone, según explicaron desde la DIAN, un cumplimiento de la meta del orden del 114,9 %.

Según el documento, entre enero y mayo de 2022, el 75% del recaudo estuvo representado en la retención en la fuente a título de Renta, el impuesto sobre las ventas y los tributos aduaneros.

Adicionalmente, los tributos asociados a la actividad económica interna representaron un recaudo de $77,63 billones con un porcentaje de participación entre enero y mayo del 81,4 %.

Mientras que los tributos asociados al comercio exterior llegaron a un recaudo de $17,8 billones con un porcentaje de participación entre enero y mayo del 18,6 %.

De otro lado, el recaudo por gestión para el periodo enero-mayo de 2022 en acciones de lucha contra la evasión y el contrabando alcanzó un valor de $12,7 billones distribuido: $10,8 billones en ingresos efectivos y $1,9 billones por gestión por fiscalización.

Finalmente, y solamente para mayo, el recaudo tributario en Colombia fue de $20,9 billones, cifra que repunta 28,8 % cuando se compara con el mismo mes del año pasado.

El anterior resultado da cuenta de que se alcanzó un cumplimiento de la meta del 115,8% solamente para el quinto mes del año.

Así se distribuyó el recaudo tributario a mayo:

Autoridades de los ministerios de Hacienda de 12 países de la región dieron inicio a la XXXIV edición del Seminario Regional de Política Fiscal, en la sede de la CEPAL.

El XXXIV Seminario Regional de Política Fiscal comenzó este lunes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. En el encuentro -uno de los principales referentes para la discusión de temas fiscales en la región- los participantes abordan los desafíos de la política fiscal para una recuperación sostenible e inclusiva, en un contexto macroeconómico complejo y caracterizado por menor crecimiento y una inflación en alza. Adicional, analizan opciones para fortalecer la recaudación tributaria y de la progresividad de la estructura tributaria, el papel del gasto público como un instrumento del desarrollo y el futuro de las reglas fiscales en la región a la luz de la experiencia de la pandemia que se inició en 2020.

Además de las autoridades de los ministerios de Hacienda de 12 países, participan también reconocidos expertos de organismos internacionales, academia, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. La reunión, organizada por la CEPAL, cuenta con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Fue inaugurado por Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL, y Claudia Sanhueza, Subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda de Chile (en su calidad de país anfitrión). En sus palabras de bienvenida, Cimoli señaló que este seminario se realiza en un contexto difícil. “Dos o tres años atrás debatíamos en medio de una coyuntura que, pese al bajo crecimiento de nuestras economías, planteaba una situación macroeconómica estable. Hoy, la política fiscal juega un papel determinante”, indicó.

Todos están de acuerdo en que la política fiscal va a jugar un papel decisivo. Este panel debatirá qué tipo de políticas son necesarias. Quizás la política de tasas no es suficiente, se pueden usar otros instrumentos. Hay que revisar los gastos tributarios, el tema de la evasión y la elusión fiscal, entre otros. La crisis apremia a intervenir, y la política fiscal debe intervenir”, declaró. 

Por su parte, Claudia Sanhueza indicó que “venimos saliendo de la pandemia y ahora estamos en un año difícil en términos de inflación. Es importante juntarse y reflexionar sobre cómo la política fiscal -que está detrás del contrato social de nuestras sociedades- puede ayudarnos a enfrentar el momento y mirar hacia adelante”.

Durante el encuentro la CEPAL dio a conocer el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2022, informe anual en que el organismo regional de las Naciones Unidas insta a un diseño de la política fiscal en que se fortalezca la recaudación y la progresividad de la estructura tributaria y se oriente estratégicamente el gasto público para convertirlo en instrumento de desarrollo, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo.

En su edición 2022, el Panorama Fiscal analiza el comportamiento de la política fiscal de los países de la región durante 2021, año en que el fuerte aumento de los ingresos fiscales y la ralentización de gasto público derivaron en la reducción de los déficits fiscales. Por su parte, la deuda pública bruta se contrajo de forma moderada para ubicarse en 53,7% del PIB en América Latina y en 89,1% del PIB en el Caribe al cierre del año, manteniéndose elevada en comparación con los niveles observados durante los 20 años previos a la pandemia.

También en el informe se examina el conjunto de reglas fiscales que se aplican en la región, destacándose los mecanismos que los países emplearon para flexibilizar dichas reglas y permitir la expansión fiscal que fue necesaria a fin de hacer frente a la pandemia en 2020. Resulta oportuno revisar las reglas fiscales existentes y considerar reformas para crear una institucionalidad fiscal que contribuya no solo a la estabilidad macroeconómica, sino también a la superación de choques macroeconómicos y a la protección del gasto social y la inversión pública, señala el documento.

Además, el Panorama Fiscal analiza los marcos fiscales aplicados a la actividad petrolera y la minería en países productores de la región. El alza de los precios internacionales en el contexto actual subraya la relevancia de contar con marcos fiscales que permitan a los países recaudar una proporción justa de la renta económica proveniente de las actividades extractivas de bienes que pertenecen a la nación.

Avanzar hacia la adopción de marcos fiscales progresivos adquiere aún mayor relevancia en el contexto de la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, recalca. Mientras que los países productores de hidrocarburos verán reducidos en el futuro los ingresos fiscales provenientes de esta actividad, los países con importantes sectores mineros podrían beneficiarse de esta transición ambiental. Como el informe señala, existen amplios espacios para fortalecer estos marcos fiscales para potenciar la contribución del sector al financiamiento para el desarrollo sostenible.

En el marco del XXXIV Seminario Fiscal, se realizó asimismo la presentación de los resultados del informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe (versión 2022), publicación preparada en conjunto por la CEPAL, el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el BID.

En el documento se detallan las tendencias tributarias en la región en 2020, cuando la presión tributaria cayó 0,8 puntos porcentuales del PIB para alcanzar 21,9% del PIB en promedio, en medio de la pandemia de COVID-19. La recaudación tributaria, relativa al producto, cayó en 20 de los 26 países cubiertos en el informe durante el año. El desempeño de los ingresos tributarios en la región contrastó marcadamente con el de los países de la OCDE, donde la presión tributaria aumentó levemente, 0,1 puntos porcentuales del PIB, para alcanzar un promedio de 33,5% del PIB.

En la jornada de mañana martes 14 de junio se examinará  la dinámica de las finanzas públicas subnacionales en países de la región, analizadas en el estudio elaborado conjuntamente por la CEPAL y el BID Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe 2022. En este informe se presentan estadísticas detalladas y comparables a nivel internacional sobre las finanzas públicas subnacionales de países de América Latina y el Caribe. Se analizan temas claves como las tendencias regionales de las finanzas públicas subnacionales, los avances y desafíos de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno y el impacto de la pandemia en las finanzas públicas subnacionales. También ofrece un análisis sistematizado de los principales aspectos de las relaciones fiscales entre los niveles de gobierno de 26 países de la región.