La Universidad de Panamá no solo es la institución de educación superior más importante del país, sino también un reflejo de nuestras aspiraciones como nación. Sin embargo, hoy enfrenta una encrucijada histórica: o se transforma profundamente para responder a las exigencias del siglo XXI, o se rezaga frente a los estándares internacionales de calidad, innovación y pertinencia social.
No es un secreto que la institución enfrenta dificultades estructurales. Las limitaciones presupuestarias son reales, pero no explican por sí solas el problema. Reducir la crisis universitaria a una cuestión de recursos sería, en el mejor de los casos, una simplificación cómoda. El verdadero desafío es más complejo: tiene que ver con la forma en que se gestiona, se planifica y se proyecta la institución hacia el futuro.
Durante los últimos años, la universidad ha funcionado bajo un esquema que privilegia la administración de lo existente sobre la construcción de lo necesario. Se ejecutan presupuestos, pero no siempre se generan impactos. Se mantienen estructuras, pero no necesariamente se modernizan. Se reproducen prácticas, pero rara vez se cuestionan. Y en ese ciclo, la universidad corre el riesgo de quedarse atrás en un mundo que avanza con una velocidad vertiginosa.
La realidad es clara y no admite maquillajes. La universidad atraviesa limitaciones estructurales derivadas de problemas económicos, administrativos y políticos; por ejemplo, en el plano financiero, la institución ha enfrentado recortes significativos: para el año 2026, solicitó un presupuesto de aproximadamente 412 millones de dólares, pero recibió una recomendación de apenas 317 millones, es decir, cerca de 95 millones menos.
Este escenario no solo compromete el funcionamiento institucional, sino que impacta directamente en la matrícula estudiantil, que ya muestra señales de reducción. No se puede seguir dependiendo exclusivamente del presupuesto estatal. Es imperativo construir un modelo de financiamiento diversificado que incluya: fondos competitivos de investigación internacional, alianzas público-privadas transparentes, programas de educación continua autofinanciados y una vinculación efectiva con el sector productivo.
A ello se suma una problemática estructural en la gestión de los recursos: mientras el gasto de funcionamiento se ejecuta con relativa eficiencia, la inversión en infraestructura, investigación y modernización presenta debilidades persistentes. Esto se traduce en instalaciones insuficientes, tecnologías obsoletas y una limitada capacidad para responder a una demanda creciente de más de 90
mil estudiantes.
Debe de implementarse una política de autonomía financiera responsable, basada en la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto. Cada dólar invertido deberá traducirse en impacto académico, científico y social.
Frente a este panorama, no basta con administrar la crisis. Se requiere liderazgo transformador, visión estratégica y compromiso ético. Por ello, esta propuesta de candidatura a la rectoría se fundamenta en cinco ejes estratégicos orientados a reposicionar a la Universidad de Panamá como una institución de referencia internacional.
