El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 542, iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta, que establece el marco legal para regular la actividad de la industria de exportación de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos en Panamá. La nueva legislación fue publicada en la Gaceta Oficial y entra en vigor para fortalecer el desarrollo ordenado y sostenible de este sector.
La Ley 542 tiene como propósito regular la recolección, almacenamiento, tratamiento, comercialización y exportación responsable de materiales reciclables, promoviendo la economía circular, la protección del ambiente y la prevención del tráfico ilícito de metales. Asimismo, crea un Registro Nacional para las empresas del sector y establece requisitos claros para su operación.
Entre sus principales disposiciones, la norma exige la trazabilidad del origen de los materiales, fortalece la coordinación entre las instituciones competentes, promueve la inclusión de recicladores y microempresas mediante programas de capacitación y acceso a incentivos, y establece mecanismos de fiscalización con sanciones para quienes incumplan la legislación.
El diputado Jamis Acosta destacó que esta ley representa un paso importante para modernizar la industria del reciclaje en el país, brindar mayor seguridad jurídica a quienes operan de manera responsable y reforzar la protección del patrimonio nacional y del medio ambiente.
«Con esta ley damos un paso firme hacia una industria del reciclaje más ordenada, transparente y sostenible. Protegemos nuestros recursos, combatimos el comercio ilegal de metales y generamos condiciones para que las empresas y los recicladores formales puedan crecer con reglas claras y en beneficio de Panamá«, expresó Acosta.
La Ley 542 también contempla incentivos para fomentar la innovación tecnológica, el acceso a financiamiento verde y la certificación ambiental de las empresas, fortaleciendo la competitividad del sector y promoviendo nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo.
Con la sanción de esta legislación, Panamá fortalece su marco normativo en materia de reciclaje, sostenibilidad y economía circular, impulsando un modelo de desarrollo que combina crecimiento económico, protección ambiental y transparencia en la gestión de materiales reciclables.
