Miguel Antonio Bernal V.
La complicidad de los factores reales de poder con la corrupción y la impunidad en Panamá, buscan destruir los anhelos ciudadanos de tener una verdadera Constitución, una democracia participativa y una efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos.
La tarea ciudadana de conquistar mecanismos de control ciudadano para lograr un ejercicio racional del poder político, no es fácil. Y menos aún cuando no se nos permite a los ciudadanos incidir sobre la actividad de los agentes de poder público.
“El poder constituyente, que es el idóneo para originar un ordenamiento jurídico, en este caso, es propiamente el poder ordenador: no solo el poder de hacer una Constitución, sino el poder de encontrar y, eventualmente, elaborar, en las situaciones históricas y sociales contingentes, los instrumentos para obtener rápida y eficazmente el bien común, que-resulta oportuno precisarlo- es el bien propio, esto es natural, de todo hombre y por ello, común a todos los hombres.”
La Constitución, como expresión jurídica de los hechos políticos, no puede dejar de ser vista como un pacto social, como un contrato social de máxima y suprema jerarquía de toda sociedad, dado que: “La formula política de la Constitución se funda en valores”
La sociedad panameña está en crisis. Unos prefieren calificarla de social, cultural, económica, política y hasta existencial. Pero, en realidad nuestra crisis es una verdadera crisis constitucional, en la cual la Constitución impuesta, no es la solución a nuestros problemas, la Constitución vigente es el verdadero problema, es la verdadera camisa de fuerza que no nos permite alcanzar los progresos y beneficios que nos corresponde como sociedad moderna. De ahí la necesidad de un proceso constituyente originario, que nos permita a todos a participar en la elaboración de un nuevo pacto social, que cuente con una verdadera adhesión sentida por la población.
Recurrir a la ciudadanía para que ejerza el poder constituyente que le corresponde no puede ser inconstitucional. Hasta el Estatuto Constitucional impuesto que nos rige, con todas sus imperfecciones, reconoce que “el poder público solo emana del pueblo” (Art. 2).
El afirmar que la sociedad panameña vive una verdadera crisis constitucional, en la que la Constitución vigente es el verdadero problema, nos debe llevar, necesariamente, a buscar los mecanismos que nos permitan resolver –democráticamente- la crisis.
Ello no será posible sin una decidida, permanente y activa participación ciudadana, sin exclusiones y sin control o monopolio de las organizaciones político partidistas o del Tribunal Electoral. Ello supone que debemos establecer las bases del diálogo, conversación, debate, que son necesarias para alcanzar un ordenamiento constitucional que cuente con una verdadera adhesión de la población.
Debemos entonces los ciudadanos, dar inicio, cuanto antes, a un proceso constituyente democrático para poder realizar una verdadera regeneración del poder político que ha fracasado y que nos impide, hoy por hoy, poder mejorar, de forma permanente, las condiciones de vida de los panameños todos.
No podemos continuar como espectadores, ante la premeditada destrucción de las condiciones para construir ciudadanía, de las prácticas y provocaciones gubernamentales de despolitización de la sociedad y de pulverización de cualquier espacio de institucionalidad.
Rehuir la necesaria participación ciudadana y, con ella, una real y efectiva concienciación cívica y política a través un proceso constituyente, para poder hacerle frente a la camisa de fuerza que pretende imponer la falsa creencia que lo que hay, es lo único que puede haber. Hay que empezar a destruir el vicio de moderar los principios democráticos que nos lleven a un Estado Constitucional cuya premisa sea la dignidad humana.
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