La posibilidad que Panamá pueda ganar en una demanda internacional de arbitraje, tras un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del contrato de concesion que firmó el Estado con la empresa Minera Panamá, no está en firme y tampoco hay certeza de ello.
El abogado Francisco “Paco” Carreira sostiene que “por el momento, las versiones sobre esta posibilidad resultan especulativas, considerando que no se puede estar pensando solamente en los beneficios para Panamá y no en las obligaciones que tiene el país”.
En entrevista concedida al hermano digital La Verdad, Carreira indica que el arbitraje es un mecanismo utilizado para la resolución de disputas o controversias mercantiles, alternativo al proceso judicial y elegido por voluntad de las partes, entre las que surge el conflicto comercial.
“Panamá podría ser demandada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que propicia la solución de conflictos entre Gobiernos y nacionales de otros Estados normalmente, empresas mediante procedimientos de conciliación y arbitraje.
Carreira tildó de especulaciones los señalamientos que indican que un fallo de inconstitucionalidad ayudaria a que el país gane una eventual demanda, más no una derogatoria por vía de la Asamblea Nacional.
Otras opiniones van más allá y señalan que en caso de declararse la inconstitucionalidad, la empresa minera no podrá presentar una demanda porque es un tema de carácter legal muy por encima de una decisión del Ejecutivo o Legislativo.
El abogado descarta esa ventana de los grupos que se oponen al contrato ley y que fue el motivo por lo que diputados arropados por influencers eliminaron un artículo que habían colado en el proyecto de moratoria minera y que derogaba la ley 406.
Carreira sostiene que la empresa canadiense tiene dos vías para presentar una demanda de arbitraje, una es mediante el contrato ley y la otra opción es invocando el Tratado de Libre Comercio (TLC), que Panamá mantiene con Canadá.
El experto señaló sin titubear que la empresa reclamará a Panamá, lucro cesante, daño emergente, ganancias que ha dejado de percibir, por lo que se está hablando de miles de millones de dólares.
El abogado Ernesto Cedeño dice que una demanda de arbitraje pierde fuerza en caso de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el contrato de concesión minera.
Cedeño piensa que promover una ley que derogue el actual contrato minero, es entrar en un terreno peligroso e imprudente y que le impediría a la corte, se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron, porque lógicamente declararía sustracción de materia.
El jurista aseguró que si el fallo determina que el asunto es inconstitucional entonces lo que vendría es el cierre de la mina de una forma ordenada y no se podría renegociar ningún otro contrato porque ya existe la ley 407 que impide nuevas concesiones mineras.
“En este momento lo más prudente es esperar el fallo de la corte y que los magistrados jueguen su papel de una manera efectiva, según los cálculos a finales del mes de noviembre puede estar listo”, dijo.
A juicio del abogado si en este momento se presenta una ley para que derogue la ley actual, se le estaría dando más oxígeno a la mina en una demanda que por supuesto va a venir.
“Es más saludable para el estado panameño, ante un eventual arbitraje, contar con un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia y así disminuir la fuerza que pueda tener la parte demandante”, señaló
El jurista dijo que ve difícil la pérdida de Panamá, ante un tribunal arbitral en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que es prudente esperar que el máximo organismo de justicia se pronuncie.
