Por: Miguel Antonio Bernal V.
“ARTICULO 311. Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley.
El pronunciamiento público, difundido días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el proyecto de ley 625, que buscaba imponer una supuesta extinción de dominio de bienes ilícitos, es revelador del peligro que se cierne sobre nuestra sociedad si se pasa por alto el mismo y no se sanciona inmediata y decididamente a su autor y cómplices. El ministro Pino, así como el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, y los directores de la Fuerza Pública, (la Directora del Servicio Nacional de Migración Samira Gozaine. el Director de la Policía Nacional John Omar Dornheim, el Director del Senan; Jeremías Guillermo Urieta y del Director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, estos últimos en uniforme militar), han cometido un delito grave de insubordinación, injerencia y desacato, lo cual está penado por Constitución y Ley.
Al declarar que “… en mi calidad de ministro de Seguridad Pública lamento profundamente lo ocurrido ayer en el pleno de la Asamblea que evita que nuestro país pueda contar con una herramienta de persecución criminal necesaria para debilitar las estructuras económicas y de poder de las organizaciones criminales que promueven y generan la violencia y la criminalidad en sus diferentes manifestaciones. El pueblo panameño es sabio y podrá una vez más discernir y sacar sus propias conclusiones”, el Ministro y sus acompañantes en ostentosa provocación y desafío a la ciudadanía, ha puesto de manifiesto no solo su irrespeto al ordenamiento jurídico, sino también sus claras intentonas golpistas y de insubordinación al orden establecido que, en su carácter de autoridades, están más que obligados a cumplir.
Ante tamaño exabrupto, el presidente Cortizo ha optado por guardar un silencio cómplice, al igual que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, los cuales están llamados a velar por la guarda e integridad de la Constitución, en este caso pisoteada y violada por estos nostálgicos de la bota militares, que han salido, -en conjunto, a amenazar y extralimitarse en sus atribuciones.
Esta abierta insubordinación nos confirma la verdadera y oculta la intención qué tienen con la extinción. Si no obedecen a un Órgano del Estado, imagínese si obedecerán a un juez o a un Alcalde. Debemos los ciudadanps abrir los ojos ante estos golpistas y mantener la exigencia de su destitución. No podemos callar como han hecho los dirigentes de la partidocracia y de los gremios, asociaciones y sindicatos, pues eso sería abandonar la actitud de centinelas de nuestra frágil democracia, por la cual se derramó sangre en nuestro país.
