Por: Miguel Antonio Bernal V.
La ausencia de un verdadero Estado de Derecho está afectando, cada vez más, los derechos y garantías que deben regir para todos los habitantes de nuestro país.
A como van las cosas, todo indica que aquí la divisa que prima, es una una de las leyes de Murphy, “Nada es nunca tan malo que no pueda empeorar” . Al menos así nos lo demuestran los hechos que se vienen desarrollando, día tras día, luego de la invasión de diciembre de 1989: cada Gobierno ha sido peor que el anterior y, así, hemos llegado al punto en que nos encontramos: ausencia absoluta de alternativas verdaderamente democráticas en todos los Órganos de la administración pública
La seguridad juridica tan necesaria para la seguridad ciudadana y sus derechos, sean estos sociales, politicos o económicos, es cada vez más un espejismo en este desierto que han impuesto para permitir que el pseudoconstitucionalismo y el autoritarismo se empoderen infinitamente.
El cada vez más irracional, irreverente e indolente presidencialismo, se recrea en pisotear la dignidad ciudadana, coartar libertades básicas y alquilar o comprar cuanta conciencia encuentre en su camino y en su gula de poder.
Si echamos una mirada al estado del Estado, vemos cómo la remilitarización avanza a paso de ganso, en todos y cada uno de los “estamentos de seguridad”, como denominan a la Policía, Senan, Senafront, Aeronaval, DIJ.
El Legislativo se recrea en degradarse como nunca antes, entre planillas de botellas y garrafones, partidas presupuestarias, elusiones constitucionales de todo tipo y su consagración con la partidocracia, a promover todos los vicios del clientelismo, el caciquismo, el electorelismo y todo subterfugio que les consolide su pemanente demagogia.
Pero, a la vergüenza que nos producen el Ejecutivo y el Legislativo, la situación es también, -cada vez más desoladora-, cuando incursionamos en el análisis de las actuaciones que acompañan lo cotidiano de la Suprema. En nuestra próxima columna, entraremos a analizar los peligros que se ciernen si no se activa el poder ciudadano y, entra a ejercer el control necesario en defensa de sus libertades y derechos.
