Están detrás de abusos como ejecuciones, violaciones, torturas o censura a los ciudadanos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.
A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos en Derechos Humanos ha indicado que la crisis en Nicaragua corre riesgo de empeorar y ha adviertido de “una crisis humanitaria”. “Estamos muy preocupados por la situación actual”. “Esperamos que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones sistémicas y abusos“, ha manifestado.
“El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferente cualquier voz opuesta o disidente en el país“, ha afirmado Simon. “Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población“.
Retiro de la nacionalidad
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas por ser contrarias al régimen, entre ellos, la escritora Gioconda Belli. Un total de 222 personas fueron expulsadas del país.
“Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir“, ha explicado la experta del grupo Angela Buitrago.
De hecho, la pareja presidencial ha ordenado la “muerte civil” de esas personas, ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.
Seguían órdenes al servicio de la Presidencia y Vicepresidencia
El grupo de expertos ha confirmado que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población “una variedad de actores e instituciones” siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.
Entre los hechos que el grupo ha podido determinar está que la policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.
Sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de la protesta social, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero Simon ha reconocido que no puede caber duda de que la institución armada actúa -como todo el resto del aparato público- con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder.
Por otra parte, el informe indica que hay 38 personas que se han identificado a ellas mismas como presas políticas y siguen detenidas.
El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
El objetivo, según el informe, “es reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social“, con el fin de aumentar la dependencia de la ciudadanía y debilitar su capacidad de organización.
Noticias RTVE.es
