Por: Miguel Antonio Bernal V.
Con varios lustros de atraso, finalmente habemus census. O sea, que Panamá finalmente podrá conocer un sinnúmero de datos y estadísticas que son fundamentales para la elaboración, entre otras, de políticas públicas, tan ausentes en nuestros tiempos en nuestra formación social.
Ello debería alegrarnos pues estamos huérfanos de toda una serie de informaciones vitales, que otrora eran referencia obligada para tener a mano una serie de datos. En las escuelas secundarias, las clases de Gobierno y Cívica, estaban siempre acompañadas de la publicación de la Contraloría General de la República, que condensaba valiosas estadísticas para conocer mejor a Panamá.
Sin embargo, la llegada de la dictadura militar, en 1968, dio inicio al trastocamiento de las funciones y atribuciones de la Contraloría General de la República y, desde entonces, a pesar de los valiosos esfuerzos de profesionales panameños, competentes en la materia, hoy por hoy ni siquiera sabemos cuántos somos, cosa que desde el siglo IV antes de nuestra era, se practicaba en China.
Así las cosas, actualmente sabemos que “el censo es la operación estadística que consiste en extraer un determinado número de datos demográficos, económicos o sociales, a partir de la investigación de un grupo humano…El resultado arroja la información cualitativa y cuantitativa requerida acerca de la estructura y las formas de vida de una comunidad”.
El postergado Censo General de Población, organizado por la Contraloría General de la República y que se ha recién inciado, ha despertado y generado -en muchas capas de nuestra sociedad-, un gran número de justificadas interrogantes, cuestionamientos, dudas, críticas y desconfianza.
Lo anterior no debe sorprendernos, no solo por la falta de credibilidad que se tiene en Panamá, hacia los directivos de la cosa pública, dedeicados más que nada a la corrupción y a la impunidad, si no también porque el contenido del Censo parece estar encaminado a lo que podríamos denominar: “la politización electorera de los datos que arroje”
Para nadie es un secreto que el partido político gobernante está colocando todas sus fichas con el propósito de mantenerse en el poder en el 2024. Para ello, no le bastan las decenas de miles de emplanillados, ni el control absoluto de la Corte Suprema, ni el control absoluto de la burocracia estatal. Requieren, además, invadir la intimidad y la privacidad de la ciudadanía para que su autoritarismo sea más efectivo y decidido.
De ahí, entre otras, las muchísimas preguntas que están formulando los siete mil “censores” y la repetida amenaza a la ciudadanía, en cuanto a la obligatoriedad de responder el “interrogatorio”, so pena de multa y cárcel.
Urge entonces invitar e incitar a los ciudadanos a prestar mucha atención a aquellas preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con un censo de población. Hay preguntas racistas, algunas violadoras de la intimidad y de privacidad, otras de abierto interés para un control político partidista posterior y, sí, también otras que van en dirección de tener una base de datos que sirvan los propósitos oscuros, que contempla el proyecto de ley de extinción de dominio..
Definitivamente que hay algo insano en los propósitos que han guiado al Contralor al querer satisfacer -a través del censo- una peligrosa, autoritaria y enfermiza curiosidad.
