Aconseja acusar al presidente peruano de traición a la patria.
Una subcomisión del Congreso de Perú ha aprobado este viernes un informe, que pasará a manos de la Comisión Permanente, y que pide que el presidente del país, Pedro Castillo, sea inhabilitado y se le acuse por traición a la patria.
La decisión se ha tomado por once votos a favor y diez en contra tras una breve sesión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la legisladora opositora Lady Camones.
Una vez que la subcomisión ha dado el primer paso para inhabilitar a Castillo, el informe será evaluado por la Comisión Permanente y, en caso de que sea también aprobado, será finalmente el Pleno del Congreso de la República quien tenga la última palabra.
De esta forma, el presidente se enfrentaría a una posible acusación por traición a la patria, lo que supondría el culmen de una innumerable lista de quejas e incriminaciones contra Castillo en los poco más de 16 meses que lleva al frente de Perú.
El informe aconseja inhabilitar a Castillo durante cinco años
La resolución de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha concluido que Castillo debería ser inhabilitado durante cinco años de cualquier puesto al frente de la función pública tras presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria y haber violado la Constitución al hablar de concederle a Bolivia una posible salida al mar.
El informe fue sustentado el pasado lunes por el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que el presidente declaró en enero a la cadena CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” sobre esta posible medida que, según sostuvo, “pone en grave riesgo la integridad de la nación“.
En ese sentido, Bazán señaló que las manifestaciones de Castillo “son susceptibles de reproche” y recordó que, según el artículo 118 de la Constitución peruana el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que afectó a la soberanía nacional.
Asimismo, el congresista opositor afirmó que con esta acusación “no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal el presidente ha transgredido la Carta Magna“.
Castillo afirma que la acusación “no lo amilana”
Tras la aprobación del informe, el presidente Castillo ha asegurado que esta decisión “no lo amilana“. “Acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano“, ha señalado en una reunión con representantes del distrito limeño de San Juan de Lurigancho en el Palacio de Gobierno de Lima.
El presidente ha añadido que espera que el Congreso ahora “actúe mirando al pueblo peruano” al tomar las siguientes decisiones sobre el asunto.
Asimiso ha remarcado que “traslada al pueblo” la notificación sobre las medidas que se toman en su contra y que es “en estos momentos coyunturales donde la población es personal testigo de lo que se está haciendo“. “Cada quien hace lo suyo y da una respuesta de acuerdo a la responsabilidad que tiene“, ha concluido.
Las palabras del presidente
En enero, Castillo reconoció a la cadena CNN que reclamó el “mar para Bolivia” durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato a la Presidencia.
“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera“, subrayó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico, por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
Por su parte, en su mandato, el expresidente Alberto Fujimori cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García, quien renovó por un periodo de 99 años una zona franca marítima, sin soberanía.
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