Por: Miguel Antonio Bernal V.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, hace una semana, la norma impuesta, hace doce años, en el Estatuto Universitario, que obligaba el retiro obligatorio de los profesores de la Universidad de Panamá a los 75 años de edad.
La decisión de la Corte Suprema viene, tardíamente, a eliminar un ilegítimo e ilegal exabrupto, introducido al Estatuto Universitario durante uno de los períodos en que Gustavo García de Paredes, hacía y deshacía en la Universidad de Panamá, acuerpado entonces por mucho de los que, aun hoy, siguen pisoteando la academia.
En efecto, a pesar de que la constitución impuesta en 1972 por la dictadura militar, establece en su Artículo 103, que:
“La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que detemine la Ley….” (las negritas son mías)
El entonces rector determinó que, todos los administrativos y profesores que laborasen en la Universidad de Panamá, debían abandonar la misma al cumplir 75, con la excepción del rector y demás autoridades electas.
Esta aberrante y violadora disposición fue recurrida por mi persona, mediante un Recurso de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. El entonces magistrado Luis Ramón Fábrega, dado sus vínculos personales con García de Paredes negó rotunda y arrogantemente el recurso.
Hoy, más de una decada después, seis (6) de nueve (9) magistrados se percatan que el injerto llevado a cabo en el Estatuto universitario es violatorio de diversos Convenios de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento para el Estado panameño que, además, viola los Artículos 4, 17,19, 29, 64 y 74 de la constitución vigente. Otros dos magistrados se arropan, para justificar lo injustificable, que “el derecho al trabajo no es un derecho absoluto”.
Así las cosas, la ciudadanía desconoce el número de administrativos y profesores que fueron, ilegalmente obligados a abandonar sus posiciones. Se ignora el daño moral, económico, social y académico que ello ha significado para miles de hogares panameños y para Panamá como país.
La arbitraria decisión de García de Paredes, no dejó de ser aplicada –durante los últimos seis años-, por el actual rector, quien sigue rodeado de los mismos de ayer, que mantienen secuestrada la Universidad para el logro de sus propósitos personales.
Entretanto, llevan más de una decada denigrando y desacreditando a los académicos, ya no de 75 años, sino mayores de 60 con el despropósito del denominado “relevo generacional”, fórmula acuñada por las dos últimas administraciones universitarias para fortalecer el clientelismo y avasallar el academicismo.
