Miguel Antonio Bernal V.
El Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá forma parte, estable que toda persona tiene derecho “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Colombia al darse, hace 34 años, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, estableció en su Artículo 86 la acción de tutela, como garantía constitucional específica del derecho inherente a toda persona a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales.
Este derecho esencial de la persona humana no puede ser desconocido ni menospreciado en caso alguno, pues su reconocimiento y su garantía hacen parte de los elementos necesarios de la democracia constitucional. Con la acción de tutela la Constitución colombiana asegura la eficacia práctica de los Derechos Humanos proclamados en la misma y abrió así, a cuantos viven bajo su imperio, una vía pacífica de resistencia contra el ejercicio arbitrario del poder.
En Panamá, donde aun nos rige un estatuto constitucional impuesto hace casi 53 años, no contamos con la figura de la acción de tutela que se requiere con urgencia por medio de una ley, al menos, mientras nos damos una nueva Constitución. El Órgano Legislativo rechazó hace 15 años, un proyecto de ley que creaba para Panamá la figura de la acción de tutela. Guiados por el autoritarismo del sistema político imperante que facilita los abusos de poder, a la fecha no se ha logrado alcanzar una legislación que contribuiría enormemente a evitar que, tanto los funcionarios, como los servidores privados, vulneren o amenácen con sus acciones y omisiones los derechos fundamentales de los gobernados.
Urge pues, ante el alto grado de desquiciamiento del sistema judicial imperante, el que los ciudadanos impulsemos una Ley de Acción de Tutela.