La Necesidad de una Asamblea Constituyente Originaria en Panamá

Por: Erick Levi

En la República de Panamá, el 11 de octubre de 1968 se rompió el orden constitucional. Los militares tomaron el poder y gobernaron junto a destacados civiles, principalmente del Partido Liberal.

Al asumir el mando, el general Omar Torrijos impulsó un ambicioso programa de desarrollo que generó avances sociales e infraestructurales de gran magnitud, los cuales pondero muy positivamente: construyó caminos de penetración, electrificó el país, extendió la telefonía a los rincones más remotos, creó centros de salud, hidroeléctricas, autopistas, hospitales y un centro de convenciones. Logró que miles de familias trabajadoras se convirtieran en propietarias de sus viviendas y pudieran dejar un patrimonio a sus descendientes.
El objetivo mayor fue recuperar el Canal de Panamá y eliminar la “quinta frontera”. Torrijos lo consiguió valorando el talento humano y promulgando la Constitución de 1972. No obstante, cualquier violación a los derechos humanos y los asesinatos ocurridos son inaceptables e injustificables, sin importar la coyuntura o las circunstancias.
La realidad es que el gran objetivo se cumplió el 31 de diciembre de 1999, cuando Estados Unidos entregó el Canal de Panamá. Panamá y los Estados Unidos comparten una hermandad histórica profunda en lo político, comercial, militar e ideológico. Esta relación estratégica es fundamental para la estabilidad, el desarrollo y las futuras perspectivas de nuestro país.
Más de 25 años después, seguimos rigiéndonos por la Constitución de 1972. Esta realidad ha limitado a gobernantes con buena voluntad. Además, no se convoca una Asamblea Constituyente Originaria por temor a que afecte la economía nacional; sin embargo, esta consecuencia se relativiza ante los beneficios de largo plazo.
Por ello, propongo refundar el Estado panameño. Mis ideas no pretenden ser perfectas, pero constituyen un punto de partida serio para el debate nacional:

  1. Presidencia: Elección cada cuatro años con una sola reelección inmediata, en fecha distinta a la de diputados y alcaldes.
  2. Asamblea Nacional: Elevar a 100 diputados nacionales. Establecer un cociente electoral del 1 % y un medio cociente del 0,5 %, para dar voz real a las minorías y profundizar los debates.
  3. Corte Suprema: Nueve magistrados vitalicios, propuestos por el Presidente y aprobados por 67 diputados.
  4. Contraloría: Dirigida por el candidato presidencial que obtuvo el segundo lugar, con control posterior.
  5. Órganos de defensa: Fortalecer la Defensoría del Pueblo, la ACODECO y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
  6. Educación: Gratuita de verdad (sin matrícula, uniformes, útiles ni material).
  7. Salud: Gratuita, expedita y con medicamentos e insumos de calidad.
    Una nueva Constitución y el cierre definitivo de la de 1972 generarían en los panameños un sentimiento más arraigado hacia su carta magna. La sociedad exigiría su cumplimiento con mucho mayor rigor que hoy.
    La devolución del Canal abrió una nueva era de hermandad con Estados Unidos. Refundar las instituciones no es traicionar el pasado, sino continuar el espíritu transformador de los grandes líderes que nos gobernaron y el esfuerzo de miles de panameños que se manifestaron pacíficamente para lograr todas las metas alcanzadas. La hora de las reformas profundas ha llegado.

El autor es abogado

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