Por: Miguel Antonio Bernal Villalaz.
La defensa -por parte del rector Flores- de la cadena de corrupción imperante en la Universidad de Panamá, amparándose en su muy particular interpretación de la autonomía universitaria, evidencia cómo, durante los últimos meses, más que en años anteriores, los impostores del templo de educación superior, no han escatimado medios ni esfuerzos para deformar, degenerar o irrespetar el concepto de la autonomía universitaria.
Poco le ha importado al rector de la Universidad de Panamá y a sus aliados y cómplices, internos y externos, pecar de irreverentes, falsos o delincuentes mismos con relación a la misión de la Universidad. Han tirado por la borda las tres funciones esenciales de la misma: “la transmisión de la cultura, la enseñanza de las profesiones y la educación científica.”
La codicia, la avaricia, la arbitrariedad, el culto a la personalidad, el nepotismo, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias, entre otros vicios, han servido de norte –por acción u omisión- al rector, vicerrectores, decanos y directores de Centros Regionales, para convertir a la Universidad de Panamá en una cadena de feudos a la antípoda de lo que está llamada a ser una institución académica.
Los razonamientos sobre Autonomía e Idealismo para la Universidad, (formulados por Octavio Mendez Pereira en el acto de graduación del 2 de marzo de 1943), han sido ocultados y olvidados. “La autonomía plena abarca, por supuesto –dijo entonces-, el aspecto administrativo para la libre selección por parte de la Universidad de su profesorado y el manejo de sus asuntos; el económico, para la libre distribución de los fondos que el Estado le asigne globalmente y los que vayan derivándose de su patrimonio propio…y el docente, para la libertad de expresión y de pensamiento en su cátedra, ya que la cultura es por esencia superación y toda superación supone independencia intelectual.”
En ningún momento puede considerarse que el sagrado principio de la autonomía universitaria debe servir para evadir los mandatos de la Constitución y las Leyes de la República y, menos aún, para ocultar prácticas delictivas con los bienes patrimoniales y los fondos presupuestarios de la Universidad.
