Miguel Antonio Bernal V.
Es la pregunta que más de un millón de panameños se formula en estos días, en los cuales se comienza a conocer el inconmensurable despilfarro del gobierno saliente.
En un país como el nuestro, de escasos cuatro millones de habitantes y con una inhumana desigualdad social, es inaceptable que una absoluta ausencia de controles institucionales termine apadrinando el saqueo que han sido objeto las arcas del Estado en estos dos últimos quinquenios, sin ninguna rendición de cuentas.
El gobierno saliente ha endeudado a nuestro país en más de 25 mil millones de balboas, sin que la población tenga conocimiento alguno de a dónde fueron a para esos dineros. En obras de infraestructuras no ha sido, ni tampoco en obras sociales en ninguna de las responsabilidades del Estado: empleo, salud, educación, vivienda, carreteras, calles,etc.
Muy por el contrario, Panamá enfrenta una situación que como resultado del pillaje de la administración saliente, nos pone ante una situación muy crítica que requerirá de un esfuerzo colectivo que sabemos no será fácil de lograr. Ello debido a una insaciable gula de la partidocracia que ha vuelto a asomar sus garras de monopolio en la recién instalada Asamblea Nacional.
El dinero del pueblo derrochado, apropiado, desviado, usurpado, peculado por las principales autoridades de los tres Órganos del Estado durante estos últimos cinco años, obligatoriamente debe ser investigado, recuperado y devuelto a las arcas del erario sin excusa alguna.
Dejar en la impunidad este masivo enriquecimiento ilícito perpetrado por una empresa criminal conjunta que desgobernó sus anchas, sería un gravísimo erro, a un costo social mucho más grane a corto u mediano plazo, de lo que hoy podemos imaginar.
El país que clama por mejores dís no puede quedar como espectador del atraco. Nos corresponde a los ciudadanos exigir Justicia y repudiar activamente la impunidad practicada por los exgobenantes y sus chacales.
