Por: Alfonso Fraguela
Los medios de comunicación registraron como noticia, la solicitud hecha por algunos fiscales del levantamiento del fuero electoral penal, de 28 candidatos a puestos de elección popular que aspiran a ser electos el 5 de mayo próximo.
Esta información, toma una foto de cuerpo entero de la realidad que enfrenta nuestra sociedad, donde personas recurren a la política para blindarse y evitar ser investigados o sancionados por actos que pueden ser considerados delictivos.
Si bien es cierto, debemos respetar una presunción de inocencia que contempla nuestra Constitución Política como una garantía fundamental, no deja de ser menos cierto, que los partidos políticos deben hacer su parte evitando postulaciones que sean criticadas por actos cuestionados por la sociedad, asumiendo que el pueblo debe tolerarlo.
El Tribunal Electoral, como arbitro de todo proceso electoral debe igualmente coordinar que situaciones como esta no se presenten para evitar procesos electorales turbios que afecten la transparencia del sufragio.
Hay candidatos que se encuentran resolviendo asuntos judiciales por actos tan simples como una pensión de alimentos deja de cumplir a un hijo o hija, pero se presentan como el vehículo para solucionar los problemas sociales de los panameños.
En cambio, hay otros que durante el desempeño de su cargo público incursionan en política teniendo el respaldo del partido haciendo reservas para que esa posición no vaya a elecciones internas, y gozar como consecuencia de ello, del fuero que le brinda el Código Electoral.
Todas estas maniobras impactan en la credibilidad de los colectivos políticos que se prestan para la aplicación de medidas complacientes en detrimento de la sociedad, que debe aguantar este tipo de actos que constituyen una conducta que va en contra de la moral y las buenas costumbres.
Todos estos eventos ocurren a pocos días del torneo electoral, dejando ante la comunidad si esos aspirantes investigados serán inhabilitados o estarán presentes en la papeleta.
Lo que lleva a las instancias judiciales que adelantan los procesos a manejarlos con la celeridad necesaria, pero respetando las garantías fundamentales necesarias para desarrollar un proceso apegado a la ley.
