Por: Miguel Antonio Bernal Villalaz
“Es locura hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”.
Si, como ha quedado demostrado, la constitución militarista impuesta hace más de 50 años, está desfasada y degenerada, ¿qué decir de la legislación electoral?
Hablar de Legislación Electoral resulta imposible sin hablar de Justicia Electoral, dado los desafíos que ha enfrentado y enfrenta una efectiva transición democrática en nuestro medio, tanto en el ámbito de los fenómenos político, político institucional y político cultural, sin olvidar los cada vez más presentes, desafíos externos.
Em la actualidad, el mayor desafío que enfrenta la justicia electoral es, sin duda, su contribución a la consolidación y profundización de la democracia. Ello es así porque, aunque muchos prefieran negarlo o desconocerlo, la justicia electoral es un elemento clave y un factor importante- entre varios otros- de todo el edificio de la democracia y de su consolidación e institucionalización, asomo para la gobernabilidad.
ORTEGA Y GASSET, sentenciaba que:“la salud de las democracias (…) dependen de un mísero detalle técnico: del procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario (…)Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democràticas están en el aire”
A juicio del reputado autor en temas electorales DIETER NOHLEN,
“Con respecto a Amèrica Latina, sin embargo, es imperioso tomar en cuenta que la justicia electoral (como electoral management) no es un oficio rutinario dentro de una democracia establecida basado en una sociedad con fuertes raíces democráticas, sino una agenda en un proceso dinámico vacilante en el contexto de una cultura política generalizada no concordante con los principios èticos que están insertados en el concepto normativo de la justicia electoral…
El principio de justicia, lo encontramos con frecuencia en los preámbulos de las constituciones en el contexto de los valores fundamentales del Estado. “La máxima de la justicia, -nos apunta PETER HABERLE en su obra El Estado Constitucional, se encuentra en los textos más diversos: desde el objetivo del Estado hasta los derechos fundamentales, pasando por el orden económico y social, así como por los fines educativos y las fòrmulas de juramento, incluso como “elemento vagabundo” en la estructura del Estado constitucional”. (Pàg. 273)
La necesidad de justicia es propia del ser humano y debe ir de la mano del respeto de su dignidad como persona y como ciudadano. Pero en nuestro Panamá, hoy por hoy, nos alejamos más y más de la satisfacción institucional de esa necesidad.
Las próximas “elecciones” de mayo, evidenciarán de manera más que descarnada el descalabro total de un sistema electoral que solo ha servido estos últimos 35 años para impedir la participación ciudadana, la democratización del Estado y la necesaria constitucionalización e institucionalización de nuestra formación social.
Mientras sigan en pie la Constitución militarista y su Código Electoral, la “democracia” panameña seguirá siendo una farsa orquestada por el PRD. Solo arrancando de raíz esos males engendrados por la dictadura, a través de un proceso constituyente originario, podremos lograr empezar a encaminarnos hacia una sociedad con dignidad ciudadana y democracia participativa.
