Miguel Antonio Bernal Villalaz
El Estatuto constitucional impuesto el 11 de octubre de 1972, cumple hoy 51 años de de regir los destinos de Panamá y de servir de matriz e instrumento para la rampante corrupción que se practicó desde el primer día de su existencia que, no solo es corrupta sino que, también, corrompe.
Puede que sus gestores, redactores, componedores, reformadores, defensores, protectores y demás, no les agrade que se califique así la constitución del ’72 (así, en minúscula). Pero es que en lugar de ser un contrato social, ha devenido, no solo por sus orígenes y por los mecanismos que se utilizaron para imponerla, así como por los que, hoy, se utilizan para mantenerla, es la punta de laza del autoritarismo y del pseudoconstitucionalismo.
Es una carts corrupta en sus fines y en los medios establecidos en ella para alcanzar esos fines. Corrupta por su contenido impuesto con el propósito principal de “legitimar” un regimen dictatorial. Corrupta más aún hoy, cuando los gobernantes la utilizan como paraguas protector de sus descomedidas ilegitimidades y para su corrupción e impunidad.
Cabe recordar, hoy más que ayer, lo que nos enseñaba el desaparecido catedrático César A. Quintero, en su obra Evolución Constitucional de Panamá (1986, pág, 67):
“El Estatuto de 1972 es el más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica, No solo instituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, sino que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al general Omar Torrijos, a quien tituló “Líder Máximo de la Revolución Panameña”. Además creó el órgano legislativo más anómalo y más supeditado al Ejecutivo que pueda concebirse. Así mismo, transformó y desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes…”
A lo largo de todas estas tres décadas post dictadura, los epígonos del autoritarismo han ido redoblando sus acciones para hacer de la constitución impuesta, una condición sine qua non, para sus abusos de poder y sus extralimitaciones y omisiones de funciones. Durante los 8 primeros meses de gobierno del presidente Cortizo Cohen y, más aún, durante estos últimos tres años, hemos asistido impotentes, al paso redoblado del autoritarismo presidencial, hacia un tenebroso neofeudalismo.
Derivamos al garete hacia una imparable catástrofe. La crisis del coronavirus, de la mano de la corrupción y la impunidad, fue utilizada para oprimir más y más, a una población atomizada, indefensa e impotente. El daño moral, que el pisotear de la dignidad ciudadana produce, hace obligatorio que recuperemos nuestro actuar y demos inicio a una protesta pacífica, activa, decidida y permanente hasta tanto alcancemos el cambio de estrucuras a través de un proceso constituyente, con plena y decidida participación ciudadana.
As posibilidades, las realidades y las necesidades nos obligan a no dejar de promover la necesidad de una nueva constitucieon como resultado de un proceso constituyente originario. No más engaños, fraudes y falacias,ni gatopardismo ni pseudoconstitucionalismo. Constituyente YA!
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