Una eventual reapertura de la mina Cobre Panamá podría impulsar significativamente el crecimiento económico de Panamá, según la más reciente actualización de Fitch Ratings, que estima que el proyecto «podría añadir alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB».
Esa cifra equivale al monto que Panamá perdió en 2023 y 2024 a raíz del cierre de la mina, operada por una filial de First Quantum Minerals en Donoso y suspendida desde finales de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato minero entre la empresa y el Estado panameño. Desde entonces, el gobierno de José Raúl Mulino evalúa distintas alternativas para el futuro del yacimiento, en medio de fuertes divisiones políticas y sociales sobre su reactivación.
Fitch señala que la administración Mulino analiza «opciones para reabrirla, incluida una posible estructura de propiedad liderada por el Estado», que evitaría la necesidad de aprobación en la Asamblea Nacional. Las autoridades han indicado que la decisión se tomará antes de que termine 2026, una vez concluido el análisis de la auditoría ambiental independiente presentada en junio.
Esa auditoría, elaborada por la firma SGS sobre 370 compromisos ambientales, legales, laborales y operativos, otorgó a Cobre Panamá un cumplimiento general de 87,7%, con nueve incumplimientos identificados. Fitch describe el resultado como una mina «en gran medida conforme con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, con algunas deficiencias», entre ellas rezagos en reforestación y en la protección de biodiversidad.
El impacto económico del cierre ha sido considerable. Según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, citado por BNamericas, las pérdidas superan los US$6.300 millones —más de 5% del PIB— y la inversión extranjera directa cayó 65%, mientras las exportaciones de bienes se contrajeron 75%. Chapman afirmó: «Debemos llevar una recomendación al presidente antes de que finalice el presente año».
El golpe laboral también fue severo. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que el cierre dejó a más de 40.800 personas sin empleo directo o indirecto, con un impacto que alcanza a unas 170.000 personas al sumar a sus dependientes. En la provincia de Coclé, sede de la mina, el desempleo pasó de 4% a 13%.
Pese al golpe, Fitch destaca la resiliencia de la economía panameña: creció 4,8% interanual en el primer trimestre de 2026, tras un 4,4% en 2025, impulsada por el tránsito del Canal y la construcción. La agencia proyecta un crecimiento de 4,0% para 2026 y para el mediano plazo, incluso sin contar con el aporte de la mina.
En el plano fiscal, Fitch reporta que la consolidación «va por buen camino», respaldada por una venta de tierras al Canal y recortes al gasto de capital. La deuda pública bruta subió a 65,7% del PIB en 2025, frente a 62,5% en 2024. Panamá mantiene una calificación de largo plazo de ‘BB+’ con perspectiva estable.
El presidente Mulino ha insistido en que la decisión sobre la mina se basará en criterios técnicos y no políticos. «Seré el primero en anunciar al país la decisión», declaró, y descartó que se requiera un contrato-ley para definir el esquema futuro del proyecto, que en cualquier caso no replicará el modelo contractual anterior, calificado como inconstitucional.
Mientras se define el futuro del yacimiento, persiste un riesgo ambiental pendiente: Cobre Panamá debe procesar más de 38 millones de toneladas de material rocoso acumulado en el Tajo Botija, con potencial de generar drenaje ácido. El gobierno autorizó el inicio de ese procesamiento en abril de 2026, independientemente de la decisión final sobre la reapertura.
Con la recomendación de la comisión interministerial esperada antes de fin de año, el reporte de Fitch sugiere que el desenlace de Cobre Panamá será uno de los factores clave para la trayectoria fiscal y de crecimiento de Panamá en 2027 y 2028, en un contexto donde cada punto porcentual de PIB adicional pesa sobre la sostenibilidad de la deuda.
