Miguel Antonio Bernal V.

El pasado 14 de septiembre, con motivo de la celebración de la Independencia de Guatemala, Mario Alberto Molina Palma, O.A.R. Arzobispo de Los Altos, Quetzaltenango – Totonicapán, ofreción un Te Deum, cuya holmilía, brindo a mis lectores por la trascendencia de su contenido.

El Arzobispo Molina Palma es panameños= de nacimiento y cursó sus estudios primaries y secundarios en el Colegio San Agustín, de esta ciudad, gradueandose en 1966. 

“Celebro este Te Deum con ánimo trepidante. Miro los desfiles, las múltiples acti-vidades culturales y lúdicas, comerciales y protocolarias que se desarrollan con ocasión del aniversario de la independencia y me pregunto: ¿Cómo es posible llevar adelante todas estas actividades en honor a la Patria, si algunas de las instituciones que dan fundamento a la Patria están bajo serio cuestionamiento? Quien observa los festejos podría pensar que estamos bien; pero la realidad es que la institucionalidad del Estado está en una gran crisis. 

Además de la lectura política, hay una lectura teológica de esa crisis. Las instituciones, sean públicas o privadas, funcionan en la medida en que las personas que las habitan y las hacen funcionar tengan un sentido moral, se sientan responsables ante Dios y ante la sociedad. Pero el ser humano es pecador; es proclive al egoísmo, a la ambición, a la codi-cia, a la violencia como nos lo ha recordado hoy el apóstol Santiago; el hombre y la mujer en política no dejan de ser pecadores: si se dejan llevar de la ambición, buscan el poder y no el servicio.

Las instituciones que articulan la comunidad política quedaron establecidas en la Constitución. Pero si las personas que pueblan y hacen funcionar esas instituciones se dejan guiar de la ambición y la codicia, la vida política democrática y el estado de dere-cho colapsan. El pecado humano trae también al traste la institucionalidad política del país. Se guardan las formas, pero el entramado está podrido; hay una fachada de pulcritud legal, pero detrás se esconde el manipuleo interesado. El hombre político también es pecador y en cierto momento deberá rendir cuenta, no solo ante la justicia, sino ante Dios. 

En la coyuntura actual, la mirada está puesta en el proceso electoral y las acciones del Ministerio Público. Sus autoridades más conspicuas dicen que cumplen con su deber de investigar las denuncias que ciudadanos han presentado contra algunos partidos adu-ciendo anomalías e irregularidades en su formación. Ojalá todas las denuncias de ciuda-danos recibieran atención tan cumplida. La explicación es nítida. Pero la opinión generalizada es que detrás de la formalidad de fachada se esconde la instrumentalización del Es-tado para lograr intereses particulares.

 Es opinión común que los delitos que han sido denunciados afectan a todos los partidos, pues la corrupción y la negligencia son males generalizados. La justicia se instrumentaliza al servicio del poder y de intereses sectoriales así sea a precio de ignorar la voluntad popular manifestada en las urnas. La integridad del proceso electoral es la institución básica de la democracia. Puesto que el proceso electoral tal como está diseñado ha sido difícil de corromper, lo torpedean de otras formas para que rinda los resultados que algunos interesados desean. Para ese fin se instrumentaliza el sistema de justicia para que para que sean jueces quienes determinen los ganadores del proceso elec-toral. La resistencia ciudadana será capaz de detener este colapso institucional. 

Pero si hoy está en la mira la integridad del proceso electoral, hace apenas ocho años, la atención ciudadana detectó la instrumentalización del Estado para beneficios personales en el organismo ejecutivo. La crisis llevó a la renuncia del presidente y vice-presidente. En otras ocasiones la instrumentalización del Estado se detectó en el legisla-tivo. Ya fuimos testigos, hace varios lustros, cómo el legislativo convocó un referéndum de autodisolución con elecciones anticipadas.

No faltan las ocasiones en las que la corrupción se vuelve intolerable en los gobiernos municipales. Es decir, y este es quizá el pecado más grave que hoy debemos confesar ante Dios, la corrupción, la instrumentalización del Estado para fines ajenos al bien común, es parte de la cultura política en la que vivimos. Se da y se ha dado en todos los organismos del Estado. Toleramos, y esto es ya malo, un cierto grado de corrupción y de negocios turbios en la administración pública y en los ne-gocios privados. Lo damos por descontado. Como dijo memorablemente un funcionario internacional hace ya varios años, en Guatemala no hay obra sin sobra. Puesto que estamos ante Dios, debemos reconocer nuestro pecado. 

Pero ¿no son acaso los funcionarios públicos que sucumben a la seducción del poder, de la codicia y de la ambición personas que fueron ciudadanos de a pie unos años antes? ¿Acaso la trampa, la picardía, la corrupción no son parte de la cultura y se vuelven notorias cuando se dan en la visibilidad de los puestos públicos?

Es necesario combatir el pecado que surge de la ambición, la trampa, la corrupción desde cada uno de nosotros. No es un partido político el que acabará con la corrupción; no es un mesías político el que devolverá el sentido del bien común. Es la conversión de todos, ciudadanos y funcionarios a Dios y al sentido moral de nuestras acciones lo que traerá la renovación radical de nuestra cultura social y política. Solamente una ciudadanía con sentido sentido ético, con celo por la jus-ticia y la honestidad hará que tengamos una política con sentido moral. De una ciudadanía con sentido ético surgirán funcionarios probos.

La memorable sentencia de Jesús cuando tuvo que decidir si se pagaba o no el tri-buto al Cesar no significa, como tantas veces se dice, que el César y la política no tienen nada que ver con Dios y su Iglesia. La separación del Estado y la Iglesia, cuando se inter-preta como separación entre Dios y la política, solo lleva a la irresponsabilidad ética en política. La verdadera interpretación es otra. El Estado y Dios no son rivales entre sí porque no están a la par. A cada uno se le puede y se le debe dar su lugar, su respeto y su honor. Pero el César le debe dar cuentas a Dios de su actuación. Por lo tanto, en esta grave situación que atraviesa nuestro país llamo a los políticos y funcionarios del Estado: recuer-den que deben dar cuentas a Dios de su gestión. Los ojos de los ciudadanos están puestos en los actores que intervienen desde dentro y desde fuera en el gobierno del Estado. Llamo a la conversión a aquellos funcionarios públicos y ciudadanos que se olvidan de la ética en su acción política y administración pública. En nombre de Dios conviértanse de su ambi-ción, de la búsqueda del poder para satisfacer intereses particulares y sectoriales; sirvan al bien común, mantengan la institucionalidad democrática. Servidores públicos y ciudada-nos que actúan con perversidad: dejen de actuar torcido, actúen rectamente. Dios, a quien queremos dar gracias, se lo exige y les pedirá cuentas. Guatemala lo agradecerá”.

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