Por: Miguel Antonio Bernal
La degeneración del pseudoconstitucionalismo autoritario que vive nuestro Panamá, lleva a su población a vivir un oceano de corrupción y de impunidad, cada vez más intolerable.
Los beneficiarios de esta degradante situación estean enquistados en las cúpulas del poder político, tanto en el sector público como privado. Pero, es necesario subrayar que, si bien,el Legislativo y el Ejecutivo nos llenan de abusos y vergüenza, el Organo Judicial y sus cúpulas practican cotidianamente un cúmulo de violaciones procesales, arbitrariedades, infamies, usurpación de funciones que degradan cada vez más la dignidad ciudadana y los derechos y libertades que deben acompañarla.
Desde la cima de sus cargos, disfrutando de onerosos sueldos, viáticos, viajes, prebendas, escoltas, autos y combustible con exoneración, nos dicen que “imparten justicia”, cuando en realidad reparten favores con un altísimo grado de sometimiento al binomio Ejecutivo-Legislativo y una absoluta ausencia de independencia, transparencia y diligencia en sus actuaciones. Así lo demostraron -con desfachatez- en la última escogencia del magistrado del Tribunal Electoral
Con absoluta irresponsabilidad dictan fallos que modifican leyes para así, violar cómodamente el debido proceso. Además, en los últimos meses, han despedido arbitraria y caprichosamente, a servidores públicos del Órgano Judicial.
Y, como bien señalaba, hace un par de años un letrado: “Ahora resulta que, aunque la constitución y la ley (art.54 CN, y 2615 del Código Judicial) solo determinan que para invocar un amparo de garantías constitucionales, debe bastar señalar las normas violentadas y cómo estas se infringieron; ahora para que la interposición de la acción y el reclamo del derecho sea según ellos viables y admisible; han adicionado a la norma que autoriza la acción al ciudadano, que solo será viable el recurso, si la violación del derecho le causó un daño, actual, inmediato o inminente, y no se presenta la acción en (tres) 3 meses, dejando al afectado en la más completa indefensión, violándose no solo sus derechos en el ámbito interno, sino aquellos consagrados en tratados internacionales sobre Derechos políticos, sociales, económicos y humanos.
Así las cosas, nos distanciamos cada vez más de cualquier posibilidad de contra con un mínimo Estado de Derecho, lo ccual lleva al país a la deriva dela mano de los chupópteros del erario, ultraprotegidos por su fiel cortesana
