Por: Miguel Antonio Bernal V.
La formación social panameña vive, hoy más que antes, una agravada crisis de su forma de gobierno. No hace falta ser “politologo idóneo”, para percatarse del daño que ocasiona, a nuestras libertades democráticas, la ausencia de un Estado Constitucional de Derecho y su consecuente división de poderes.
Las enseñanzas del Baron Charles-Louis de Secondat o Montesquieu (1689-1755), en su extraordinaria obra, de 1748, El Espíritu de las Leyes, no forman parte de las lecturas de lo que, en Panamá, llamamos la clase política. Ello es notable, además de notorio, junto a la secuela de consecuencias que esto conlleva para todo lo que tiene que ver con la administración pública.
En su lucha contra el absolutismo que caracterizó a la Francia del siglo XVIII, una de las mayores conquistas revolucionarias fue, sin duda, la división de poderes. De hecho: ”La concentración de la autoridad en manos de un pequeño círculo gobernante fue una de las características de los gobiernos del ancien régime. Allí no había nada parecido a la división de poderes. El rey y sus allegados legislaban, administraban el Estado, comandaban los ejércitos e impartían justicia. Todo de modo centralizado y absorbente. Y aunque, a veces la complejidad de los asuntos estatales obligaba al monarca a ciertos actos de desconcentración de la autoridad, que en la práctica hacian imposible que la monarquía fuese el gobierno de uno, como da a entender su definición etimológica, sino el gobierno de algunos, ciertamente que esto no ocurría por preocupaciones de libertad ni equilibrio de fierzas. El monarca de todos modos, retenía la decisión última e inapelable y su voluntad era la suprema Ley del Estado.”
Las enseñanzas de Montesquieu fueron llevadas a la práctica a partir de la Constitución de Estados Unidos de América de 1787. De la nación norteña se extendió rápidamente a otros Estados Europeos y latinoamericanos “hasta convertirse en un principio indiscutible del constitucionalismo moderno y de nuestros días”.
Hoy en nuestro Panamá, dónde la clase política –en su inmensa mayoría- no ha leído ni conoce a Montesquieu y mucho menos el alcance y significado de la teoría y doctrina de la división de poderes, es recommendable hacer el llamado para que –al menos- lean o relean, el Libro XI del Espíritu de las leyes. Y, al igual que ellos, los ciudadanos amantes de la Patria, de las libertades democráticas y de la urgente necesidad de frenar el autoritarismo dominante, debemos abogar por la balanza de poderes, con una real y efectiva presencia del poder ciudadano.
(Este artículo es responsabilidad de su autor).
