Por: Miguel Antonio Bernal V.
En los últimos tiempos, el concepto de “judicialización de la política”, ha ido tomando cuerpo debido a la actuación de las Cortes Supremas en diversos países de nuestro continente. Panamá no escapa a esa situación y, todo indica que los tribunals de justicia locales, particularmente la Corte, expanderá aun más su campo de acción hacia terrenos politicos que, hasta la fecha, estaban monopolizados por los otros dos órganos del Estados.
Los especialistas en el tema de la judicialización de la política, nos indican que:
“1) Muchas Cortes han asumido un nuevo rol político de alto perfil como guardianes de la Constitución, defensores de los derechos fundamentales de las personas y árbitros de una variedad de conflictos sociales y politicos. Destaca, en particular, el desasrrollo de la jurisdicción constittucional (acciones de inconstitucionalidad de las leyes y procesos de amnparo, habeas corpus y habeas data).
“2) Hay un creciente uso de las leyes, los discursos legales y las estrategias de litigación por parte de un amplio número de actores sociales, incluyendo a políticos, movimientos sociales e individuos.”
Amparado en una constitución autoritaria, además de impuesta, la cúpula del Órgano Judicial no ha servido ni para inciar un proceso de democratización, como en otras latitudes. Muy por el contrario, se ha sometido, cada vez más, a los designios del Ejecutivo siendo el más reciente ejemplo, la designación de un nuevo magistrado para el Tribunal Electoral.
Sabido es que los otros Órganos del Estado están de espalda y muy distantes de garantizar los derechos y libertades ciudadanas. Sin embargo, el Órgano Judicial, al igual que el Ministerio Público, han optado por una ausencia absoluta de independencia y transparencia en sus actuaciones, al tiempo que han optado por tomar partido por favorecer las injusticias en todos los dominios.
Hoy por hoy, es necesario resaltar que no ha habido en Panamá una real y efectiva judicialización de la lucha contra la “herencia” de la dictadura militar y su telaraãa de normas autoritarias, aun vigentes. Urge que, los ciudadanos, seamos más exigentes en el necesario control del poder asignado a todos los Órganos del Estado. Empoderar al poder ciudadano es la salida más democrática, pero es también la que menos le interesa a la partidocracia y sus cúpulas.
