Según el exmagistrado Harry Díaz, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio y no solamente investigar a los funcionarios del Ifarhu, sino también al Contralor General de la República, porque no puede estar aprobando este tipo de gastos que son evidentemente exorbitantes.
Que se abra una investigación de oficio, ante la posibilidad de un caso de peculado y malversación de los fondos del Estado, fue lo propuesto por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, tras conocerse de los escandalosos casos en los que políticos “acomodados”, beneficiaron a familiares y allegados con los denominados “auxilios económicos” provenientes del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
El ex magistrado y ex director del TALM, hizo esta solicitud de forma pública a través del diario La Verdad Panamá, luego de una serie de publicaciones en las redes sociales que señalan la entrega de decenas de miles de dólares en calidad de auxilios económicos a funcionarios públicos y a parientes de personas ligadas al gobierno.
El abogado Diaz dijo que los auxilios económicos supuestamente para estudios de personas que tienen los recursos, implica una malversación de fondos del Estado cuando sobrepasa los 100,000 dólares, todo a la luz del artículo 338 del Código Penal sobre diferentes formas de peculado.
El Artículo 338 señala textualmente: «El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años».
Destaca la norma jurídica que si la cuantia de lo apropiado supera la suma de cien mil dólares (B/.100,000.00) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión.
«El Ministerio Público tiene que prestar atención a toda esta información que está saliendo en las redes de personas que han recibido auxilios económicos exorbitantes y sobre todo de personas que tienen recursos para pagar sus estudios», destacó.
Sostuvo que hay un desasosiego social por falta de austeridad y por falta de conciencia por lo que la Procuraduría General de la Nación debe iniciar una investigación a la luz del artículo 338 del Código Penal.
Ante el actual panorama, el abogado Abdiel González, presentará este lunes 24 a las 10:30 am, una denuncia penal ante el Procurador, Javier Caraballo, contra el Director del Ifarhu, Bernardo Meneses por posibles delitos contra la Administración Pública.
LLAMADO A PROTESTAR
En tanto en las afueras del Ifarhu en la Ave. Ramón Arias, cerca a la intersección de Vía España con Vía Brasil, ciudad de Panamá, se realizará una protesta en contra de la politiqueria y el clientelismo.
«Se llevan la plata del Ifarhu y le roban el futuro a los estudiantes del pueblo humilde y trabajador», señala la convocatoria que circuló por las redes sociales.
Tras los reportes de la entrega de auxilios económicos que ha dado este gobierno, también circuló un aporte al parecer de vieja data, otorgado al hijo del exministro Dulcidio De la Guardia.
El exministro aseguró que su hijo se ganó una beca de mérito en el programa de Ingeniería Logística de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Georgia Tech (GT), con otros cinco panameños y para ser aceptado tuvo que cumplir y pasar los exámenes que exigen estas universidades.
«No se trata de auxilio económico alguno por influencias. Fue un concurso de méritos calificado por la UTP y la GT. Seis meses en Georgia Tech, beca para la educación y parcial de estadía, mientras que resto es cubierto por sus padres», explicó.
«Mal intencionado quien pretende comparar una beca obtenida por concurso de méritos con las exhorbitantes ayudas económicas dadas por influencia», indicó.
Países como Dinamarca, tienen una reglamentación que señala que cualquier persona que recibe un auxilio o ayuda del estado queda inmediatamente inhabilitada para votar en la siguiente elección y ello se hace para evitar clientelismo político.
