Por: Miguel Antonio Bernal V.
Hace ya tiempo que Democracia y Derechos Humanos, han dejado de ser la expresión fría y vacía, frecuente y falaciosamente manoseada por algunos medios de comunicación social o por los politiqueros del patio.
La democracia conlleva, aunque a muchos no les agrade, el respeto absoluto de los derechos más esenciales de la persona humana. Ello es una obligación más que jurídica, que no admite excepciones y que, al violarse, se hace merecedora de un enérgico repudio y condena de la comunidad.
En Panamá, se pretende olvidar que el Estado está obligado a cumplir siempre, con su obligación de prevención. Las autoridades autoras de las constantes violaciones a los Derechos Humanos, tanto a nivel individual, como institucional, hay que hacerles entender que su conducta criminal no puede ser admitida y mucho menos tolerada por la ciudadanía.
En las calles y avenidas de diferentes barrios de nuestro Panamá, no cesan de haber cada día más personas que carecen de los más elementales medios económicos para poder subsistir. Los indigentes son cada vez más ignorados por las autoridades, además de sufrir la indolencia de sus propios conciudadanos que los discriminan hasta el punto de ser subvalorados como personas.
Los indigentes van en aumento y, con ellos los sufrimientos que conlleva domir y vivir a la interperie, sufrir hambre, carecer de asistencia sanitaria, exponerse a diversos tipos de peligros que le impiden el libre desarrollo de su persona y el efectivo ejercicio de sus Derechos Humanos.
El comportamiento de las autoridades y de la misma sociedad, los lleva a olvidar que los indigentes, al igual que todos los panameños y todos los habitantes en el terrritorio panameño, tienen los mismos derechos sociales, culturales, económicos, civiles y politicos.
“Los indigentes son personas que carecen de recursos económicos mínimos para subsistir dignamente y se encuentran incapacitados para trabajar, debido a su edad o estado de salud. Las más de las veces, no cuentan con una familia que les prodigue apoyo material y espiritual.
La pobreza, sin duda, atenta contra la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Sus causas estructurales son combatidas mediante políticas legislativas y macroeconómicas. Sus efectos, en cambio, exigen de una intervención estatal directa e ihnmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” [Corte Constitucional de Colombia. Septiembre 23 de 1992]
