La defensa del exministro Jimmy Papadimitriu elevó el pulso del juicio por el caso Odebrecht, al revelar que el informe pericial utilizado por la Policía Nacional para sustentar la investigación fue elaborado por una persona que no posee idoneidad como Contador Público Autorizado (CPA) y que, además, fue confeccionado en un plazo que la defensa califica como técnicamente imposible.
El abogado Rolando Rodríguez Chong, representante legal de Papadimitriu, explicó que la ciudadana Damaris Rodríguez fue quien armó el informe pericial base del caso, documento que luego sirvió para la indagatoria y posterior privación de libertad de su cliente.
“Lo más relevante de todo esto es que esa persona armó el informe pericial de la Policía Nacional y ha sido cuestionada porque no tiene título de CPA. Lo más curioso es que fue comisionada el 31 de agosto y el 1 de septiembre ya tenía el informe listo”, sostuvo Rodríguez Chong.
De acuerdo con el jurista, ese lapso levanta serias dudas sobre la rigurosidad técnica del trabajo, más aún cuando se trata de un expediente financiero complejo vinculado al entramado de pagos y contratos del caso Odebrecht.
Rodríguez Chong indicó que dos notas oficiales, una del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y otra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), confirman que la persona no figura como CPA ni pertenece a la estructura técnica del Estado.
En la respuesta del MICI se deja constancia expresa de que la institución revisó sus archivos y no encontró respaldo alguno. El documento señala:
“Revisados los registros disponibles en el Departamento, no se encontró constancia documentada de idoneidad para ejercer la profesión de Contador Público Autorizado de la señora Damaris Rodríguez, con cédula de identidad personal N.° 2-153-746.”
La nota agrega además que la consulta se hizo a nivel de la Junta Técnica de Contabilidad adscrita al ministerio:
“No consta en nuestros registros certificación, acreditación o antecedentes que respalden dicha condición profesional.”
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también se deslinda. En su certificación oficial se indica:
“Damaris Rodríguez, cédula 2-153-746, no labora ni ha laborado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”
Y remata con una frase que la defensa considera clave dentro del proceso:
“En consecuencia, desconocemos si ostenta idoneidad como contador público autorizado.”
Para Rodríguez Chong, estas certificaciones no son accesorias, sino determinantes.
“Esas dos notas oficiales tienen un peso fuerte dentro del juicio y ya fueron incluidas dentro de las pruebas adicionales que presentamos”, afirmó.
El abogado recordó que ese informe fue el punto de partida del proceso penal contra Papadimitriu.
“Con ese informe mi cliente fue indagado y luego preso. Estamos hablando de un informe preparado por una persona que no tiene ninguna credencial, tal como lo ha informado el Ministerio de Comercio e Industrias”, cuestionó.
La defensa considera que el uso de un peritaje confeccionado por alguien sin respaldo profesional compromete la legalidad del procedimiento, el debido proceso y la credibilidad de toda la prueba técnica dentro del expediente Odebrecht.
Más aún, cuando se toma en cuenta que el documento fue elaborado prácticamente en 24 horas, pese a tratarse de un caso de alta complejidad financiera.
El señalamiento destapa un problema serio dentro de uno de los procesos de corrupción más emblemáticos del país, donde la validez de los informes contables es pieza clave para sostener las imputaciones.
Mientras el tribunal evalúa el alcance de estas pruebas adicionales, el caso Odebrecht suma presión: ya no solo se discute qué dicen los peritajes, sino quién los hizo, con qué respaldo legal y con qué velocidad que hoy resulta sospechosamente eficiente
