Por: Alfonso Fraguela

Con más frecuencia observamos durante la gestión de gobierno y vencida ella, los escándalos que giran en torno al ejercicio realizado por un servidor público.
Que en algunos casos son separados de sus cargos, mientras que hay otros que se mantienen en él hasta vencido el periodo de la administración gubernamental que lo designo.
Somos conscientes que la justicia en la República de Panamá sigue siendo una justicia lenta que podría demorar años en dirimir cualquier situación de este tipo, sin llegar a una resolución que ponga fin al tema.
Entonces esa persona que vuelve a participar en la política y bajo el criterio de la alternabilidad del poder, lo vuelve a colocar en el mismo cargo o en uno de mayor responsabilidad, sin importar los antecedentes de ese individuo.
Es en este instante en que sale como justificación la presunción de inocencia, y que no hay fallo definitivo sobre los señalamientos que le endilgan a esa persona.
Por lo que debe llevar a quienes dirigen la Cosa Pública, a efectuar un minucioso estudio de los antecedentes de los aspirantes o nominados para los puestos públicos.
Eso permitirá darles participación a otras personas para ocupar cargos con responsabilidad y consciente de los efectos de sus actos.
En este sentido considero, que ante el desenfreno que hemos visto en los últimos años, resulta necesario aplicar sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de por vida.
Lo que ayudaría a depurar el recurso humano que pretende, formar parte de la administración de gobierno.
Recordemos que esas personas han sido señaladas y procesadas por actos que riñen con la moral y las buenes costumbres, por tanto, no es permisible pretender que regresen a un cargo consciente de los errores cometidos y que lo expusieron públicamente, para ahora, no dejar rastro de ello.
El presidente José Raúl Mulino solicito a su equipo de gobierno, que, si existe actos irregulares cometidos y detectados durante la administración anterior, que presenten las denuncias, para que sean investigados.
Pienso que, en ese sentido, hay que leer entre líneas los antecedentes, de donde salió, si durante el ejercicio de sus funciones públicas, no estuvo ligado a escándalos o irregularidades, que puedan afectar a quien lo considero.
Solamente de esa manera, podremos separando la cáscara del grano y tener servidores públicos comprometidos.

Por: Alfonso Fraguela.

Con el anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino el pasado jueves, sobre publicar la lista de los beneficiarios de los auxilios económicos, las redes sociales se han convertido en medios masivos de difusión de los beneficiarios. El problema no es que no se otorguen, sino que las personas que reciban estos apoyos estatales deben tener una condición social para calificar a ellas.

Lo que ha degenerado la naturaleza del auxilio, otorgándolo a hijos de personas con solvencia económica, limitando la posibilidad que otros que no tienen la posibilidad real de pagarse sus estudios queden rezagados o no sean considerados. Esta realidad deja al descubierto, una deficiencia clara en los controles y el procedimiento de otorgamiento de dichos dineros, para los beneficiarios y las universidades donde han elegido estudiar.

Recordemos que la Contraloría que es un ente fiscalizador, había anunciado que no revelaría los nombres de los beneficiarios solapando el silencio que el IFARHU mantenía con los nombres éstos, por estar ligados a altos cargos públicos del gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Luego de publicado el listado y el impacto que ha tenido en la población, llevó al IFARHU a anunciar que se hará publico los beneficiarios hasta el Gobierno de Martín Torrijos.

La transparencia en una gestión de gobierno es un elemento vital, para demostrar que los fondos públicos se están administrando de la forma en que el pueblo espera. Lamentablemente, cuando se llega al poder desconocemos que es lo que ocurre, y las personas que ostentan altos cargos piensan que los recursos públicos son de ellos y que no deben rendir cuentas por el uso incorrecto de los mismos.

Así al finalizar cada gestión de gobierno vemos a funcionarios subir y bajar escaleras explicando lo inexplicable, y justificando lo injustificable, para evitar una condena de prisión por delitos contra la administración pública. Estudiar la posibilidad de crear una ley donde lo que no debía pagarse deba pagarse, no lo comparto.

Creo que se debe abrir una investigación por la posible lesión al Estado panameño, y que sean las autoridades judiciales las que determinen si hubo algo irregular en el otorgamiento de estos auxilios a personas que no se lo merecían. Y si los procedimientos empleados y los documentos aportados para calificar carecían de veracidad. Esto es muy delicado, hablamos de los dineros públicos no de cualquier cosa.

No podemos olvidar que todo servidor público al tener conocimiento de la existencia de una conducta que podría ser un delito está obligado a denunciarlo, quedando en manos de las autoridades la calificación y evaluación de las conductas realizadas. Hechos como estos, son los que traen nuevamente al tapete la posibilidad de considerar la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública.