El Tribunal de Cuentas ordenó el cierre y el archivo del procedimiento iniciado por la Fiscalía General de Cuentas contra la rectora de Universidad de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, por su posible vinculación en una presunta lesión patrimonial, en el caso de “doble salario”. La decisión quedó plasmada en el Edicto N°413, que contiene el Auto N°386-2022, Resolución y Archivo, con fecha del 12 de diciembre de 2022.
La Fiscalía había iniciado el proceso tras un informe de auditoría Num.056-187-2019/Dinag-opch, del 10 de junio del 2019, relacionado a los salarios y décimo tercer mes cobrados por la profesora Nitzia Cemiramis Muñóz Aguilar de López, en calidad de docente en Unachi y el Instituto David, durante el periodo correspondiente al 17 de abril de 2012 al 16 de octubre de 2018. Proceso que tenía como responsables solidarios del tema a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y al exrector Héctor Requena.
En el edicto enviado a la Fiscalía por el pleno del Tribunal de Cuentas, que lleva la firma del magistrado vicepresidente Álvaro Visuetti como ponente, también se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y liberación de la finca perteneciente a la profesora Muñoz Aguilar de López.
LOS HECHOS
La rectora de la UNACHI era investigada por la Fiscalía de Cuentas de Panamá por posible responsabilidad directa y solidaria en una presunta lesión patrimonial contra el Estado, por $194 mil 145 con 23 centavos. Se denunció una posible duplicidad de salarios ejercidos por la profesora Nitzia Cemiramis Muñoz Aguilar de López, quien a la vez que laboraba como directora del Instituto David en Chiriquí, también ejercía como profesora con cargo permanente y de tiempo completo en la Unachi.
La situación investigada, mediante el cual dicha profesora cobraba doble salario y ejercía dos funciones, corresponde al periodo entre el 17 de abril del 2012 y el 16 de octubre del 2018.
La Fiscalía de Cuentas comunicó meses atrás su decisión de llamar a juicio a Muñoz Aguilar de López, al determinar que la profesora no pudo acreditar el cumplimiento de las horas administrativas en el centro universitario, lo que constituye un “posible daño económico al Estado”. Además, señala que ambos rectores -Etelvina Medianero de Bonagas y Héctor Requena-, tuvieron una presunta “conducta permisiva” durante el periodo que fue investigado por la posible lesión patrimonial.
La decisión fue adoptada por el pleno del Tribunal de Cuentas, constituido por los magistrados Alberto Cigarruista (presidente), Álvaro Visuetti (vicepresidente) y Jaime Barroso, suplente de Rainier Del Rosario (vocal).
