El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, se reunió este miércoles,con su homólogo de Colombia, Francisco Barbosa, y su equipo de trabajo, donde los temas de narcotráfico, tráfico de migrantes, crimen organizado y delitos financieros, fueron los tratados.
Las Acciones de la Fiscalía de Drogas en Panamá han judicializado recientemente a la ramificación del Clan del Golfo colombiano, dedicado al tráfico y acopio de drogas en Panamá, país de tránsito de estupefacientes con destino a mercados estadounidenses, mexicanos y europeos. “Tenemos los mismos problemas regionales”, señaló Caraballo .
Según explicó el funcionario, se busca encaminar las acciones hacia la cooperación de estas dos instituciones, para llevar a cabo investigaciones eficaces y ejercer la acción penal mediante una estrategia conjunta, “permitirá reducir la criminalidad organizada transnacional que busca incidir en nuestros países”.
En tanto el Procurador Barbosa, se refirió al tráfico de migrantes. “Es un fenómeno que ha afectado a la frontera colombo-panameña y que el año pasado registró el paso de más de 133 mil migrantes, de acuerdo con datos de la Dirección de Migración, que se dirigían al norte“.
Panamá ha solicitado al vecino país ordenar los datos de los migrantes para facilitar el registro. Barbosa habló de la creación de una estrategia de investigación en tiempo real y la colaboración bilateral de quienes cruzan la frontera, además de capacitaciones conjuntas para la acción fiscal.
DATOS
En 2021, el Ministerio Público de Panamá, a través de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, empezó 61 investigaciones por tráfico de migrantes, obteniendo 24 sentencias condenatorias, y en lo que va del año 2022 se han abierto 24 investigaciones por este delito.
“Enviar un mensaje a los ciudadanos panameños y a los colombianos que se encuentran en este país, de que somos una sola entidad en términos de persecución a la criminalidad”, aseguró el fiscal general de Colombia.
Barbosa también propuso una estrategia de capacitación en materia de extinción de dominio para fiscales panameños. Una ley que está en debate en la Asamblea Nacional, a la que ha dado un gran impulso el Ministerio de Seguridad para poder hacer uso, prácticamente de inmediato, de los bienes confiscados, en vez de esperar trámites burocráticos que impiden su uso.
