La situación en la provincia de Bocas del Toro ha escalado peligrosamente en las últimas horas, como resultado de actos de violencia perpetrados por grupos radicalizados y elementos delictivos que han infiltrado las manifestaciones.
Esta noche, grupos violentos protagonizaron actos criminales que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática: se registró el incendio parcial del Estadio Calvin Byron, poniendo en riesgo la vida de miembros de la Fuerza Pública; se vandalizaron y saquearon instalaciones privadas, incluyendo oficinas de la empresa Chiquita Panamá y se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal.
El Gobierno Nacional comunicó que estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima. Se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia.
Destacan que han actuado con paciencia y mesura, sin embargo, ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños.
«No podemos seguir permitiendo que sectores políticos irresponsables utilicen a la población como instrumento de presión, fomentando el caos y luego presentándose como falsos mediadores», agregando que esa conducta es inmoral y delictiva, y quienes la promueven serán investigados y responsabilizados conforme a la ley.
La firmeza del Estado se impondrá para restablecer el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar que la provincia de Bocas del Toro retome el camino del desarrollo, la legalidad y la paz.
