Del 4 al 7 de diciembre del presente año, la República de Panamá será la sede de la XXVIII Reunión Viceministerial de los países que conforman la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y del Grupo Regional de Consulta Sobre Migración (GRCM).
El encuentro busca establecer un espacio de diálogo político y técnico en materia migratoria, para compartir información, experiencias y mejores prácticas relacionadas con el seguimiento del Plan Estratégico 2023-2026.
En este importante evento, que estará presidido por el Vicecanciller de Panamá, Vladimir A. Franco Sousa, participarán representantes de: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana.
La CRM es un foro intergubernamental establecido en 1996 para sostener el diálogo y el intercambio de ideas, así como de experiencias para la reflexión conjunta y la cooperación en cuestiones migratorias de interés común para los países participantes.
La CRM es un proceso consultivo regional voluntario, no vinculante, y multilateral que trabaja para promover esfuerzos regionales a fin de fortalecer la gobernanza migratoria efectiva, proteger los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, promover vínculos apropiados entre la migración y el desarrollo sostenible, definir prioridades estratégicas y atender los principales desafíos que enfrenta la región en materia migratoria, así como el fortalecimiento, modernización y gestión de las fronteras.
La migración irregular, especialmente a través del Parque Nacional Darién en Panamá, ha aumentado debido a problemas socioeconómicos y conflictos. Más de 495,000 migrantes, incluyendo un 22.5% de menores no acompañados, atraviesan la jungla, poniendo en riesgo sus vidas y afectando el ecosistema. Los Países Miembros de la CRM han analizado y dialogado sobre esta migración irregular que inicia en Panamá como primer punto de entrada de la región cubierta por la CRM, así como las medidas para la protección de los derechos humanos de todas las personas durante el ciclo migratorio.
