Por julio Bermúdez Valdés. Especial para PANAMAHOY
Hay un axioma que indica que detrás de cualquier problema político hay un motivo económico, y la presente crisis no es la excepción.
Cuando se negociaban los Tratados Torrijos Carter hubo una convocatoria a la unidad nacional, que fue respaldada por la gran mayoría del movimiento popular. Esa unidad nacional se producía bajo el compromiso de atender la cuestión social una vez volviera manos panameñas el Canal de Panamá. ¿Pero qué sucedió?
Los aportes del Canal de Panamá desde el año 2000 a esta parte pasaron al fisco nacional. Hasta allí, correcto. Pero ¿quién determinó el rumbo y la inversión de esos fondos que ya suman miles de millones de dólares? ¿Cuántos panameños han sentido de manera directa el impacto de esos recursos? ¿No es acaso cierto que, diluidos en el fisco, el pueblo panameño ha visto pasar y pasar recursos sin que se apliquen directamente a sus necesidades? Esos fondos han servido para todo, incluso para el oscuro manejo que ahora se dilucida en varios tribunales.
Y la coyuntura sirve para replantear ese problema. Porque la osadía de Nito Cortizo con los fondos provenientes de la Mina ha sido esa. Distribuir mediante ley un recurso que de otra manera también irían al fisco, a diluirse y a dejar en manos de otros, su distribución y su manejo. En el caso del canal de Panamá ha sido recurrente el manejo de ese recurso inclusive por elementos que en su momento combatieron los Tratados Torrijos Carter.
Son 375 millones de dólares que la mina debe rendir al pais por año, sin contar otra cantidad similar o mayor en salarios y cuotas obrero patronales; 375 millones que Nito ha distribuido desde el día uno en tres partes; docentes, jubilados y Caja de Seguro Social.; 375 millones anuales que en 20 años suman 7 mil 500 millones de dólares. Hay quienes no conciben semejante osadía, y en la petición de derogar lo que ahora es ley va, negarles a esos sectores el recurso que ahora les asigna el presidente de la República.
Derogar la ley como algunos pretenden es hacer desaparecer esa distribución, que Cortizo ha formulado y garantizado al sancionar la ley bajo el concepto de ser el presidente de todos los panameños. Pero hay algunos que con maniobras y mentiras pretenden evitarlo. Por ejemplo, han mentido cuando transforman en delito el impuesto a la minera. Dicen que el gobierno les ha liberado el 70%. Lo que no dicen es que la tasa impositiva en Panamá para cualquier empresa es del 30%, y todas sin ninguna discriminación pagan esa suma. Pero ¿por qué dicen que se ha librado el 70%? y no que eso corresponde a la tasa impositiva normal. Lo que sucede es que decir que es un 70 por ciento suena a pecado, a robo, y es allí donde se traban todos los diálogos, y se deforman todos los entendimientos.
Esa base económica de la crisis se explica en el contexto de la gran batalla que libran grupos económicos por el control del dinero del país, y que Nito, osadamente ha ignorado al entregarle a los tres sectores señalados los recursos en cuestión. Ese es el problema, no otro. Tratan de imponerle al gobierno una agenda que está lejos de las preocupaciones oficiales.
Nito dijo desde un principio que su batalla era contra la extrema pobreza, por los que nada tienen… y créanme esa no es una preocupación que compartan muchos de los que hoy cuestionan su decisión. Ellos no dicen que con la distribución, el presidente no se queda con un solo centavo de los 375 millones.
Lo penoso es, sin embargo, encontrar del lado de los que cuestionan la ley a sectores que en esa batalla solo tiene las consignas y las pancartas. Por que de hacerse lo que piden los que sí saben lo que están haciendo, dudo que esta oportunidad se vuelva a repetir. Pero bueno, cada quien es libre de ahorcarse con la soga que elije. (JBV)
