Miguel Antonio Bernal V
“Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebeldía se convierte en deber”. Thomas Jefferson.
Las movilizaciones sociales y las diversas protestas cívicas que se vienen dando en todo el país, son el reflejo del creciente resentimiento, por demasiado tiempo acumulado, que tienen los diversos sectores sociales de nuestro país ante una política gubernamental de corrupción, indolencia y desaciertos de todo tipo.
El leonino e impuesto tratado-contrato con la minera, ha sido solo el detonante de una situación más que insostenible que, desde antes de la pandemia vivimos los panameños. El discurso presidencial -del pasado martes 24 de octubre- solo ha servido para incendiar aun más los ánimos de las protestas cívicas que han sabido expresar su absoluto repudio a las amenazas autoritarias de un presidente que, hasta la fecha, solo ha servido para mentir, engañar y, ahora también, traicionar a nuestra querida Patria.
Siendo él, el mayor violador de la constitución imperante, mal puede venir a amenazar, intimidar o coaccionar a las decenas de miles de ciudadanos que expresan, reitero, de manera cívica, su rechazo al estado actual de cosas. Las diversas marchas, que han congregado a miles de jóvenes con la enseña Patria en sus manos así como los cierres (en todas las provincias), tranques, protestas en los barrios y comunidades populares (Chilibre, Villa Lucre, San Isidro), así como el sonido de las pailas en una multiplicidad de barrios, son una envídente demostración del hartazgo y crispación existentes que, torpemente, el gobierno de Cortizo-Carrizo pretende ignorar o hacer creer que con la represión lograrán que amainen los paros de trabajadores de diversos sindicatos, los transportistas, la incorporación decidida desde el día uno de todos los gremios de educadores y la adhesión de los médicos, vienen a corroborar que el malestar va más allá de la mina y de la pretensión gubernamental de imponer la destrucción del país para satisfacer su voracidad monetaria para beneficio de los que hoy, se han desenmascarado como verdaderos traidores y vendepatria.
La absurda, antiacadèmica, antieducativa decisiòn del rector de la Universidad de Panamà de cerrar ininterrumpidamente el campus universitario, para privar así a los estudiantes de aprender, estudiar y actuar, deberá ser tenida muy presente próximamente para exigirle la renuncia, a èl y a sus amanuenses enemigos del papel que le corresponde a la Universidad en los momentos que vivimos. Súmese a las diversas manifestaciones de protesta que no hacen más que empezar, la permanente solidaridad de los pueblos originarios con las luchas cívicas, como una demostración de lo que corresponde a una nación como la que ellos conforman.
Ignorar o subestimar el estallido social existente y los que vendrán, nos demuestra que los gobernantes de hoy, herederos director de la dictadura militar de 21 años, no han aprendido nada, ni olvidado nada. No han aprendido que el autoritarismo y sus inclinaciones totalitarias, los hundirá al igual que a sus gestores y predecesores. No han aprendido que el pueblo panameño, aunque se diga lo contrario, tiene dignidad y que las protestas juveniles renuevan la esperanza de que, más allá de la mina, los panameños tenemos por delante el compromiso de mantener en alto las banderas de lucha por la protección de nuestro territorio, de nuestras riquezas, de nuestro presente y nuestro futuro.
El pentagono de gobiernos detràs de la mina que contamina nos exige unidad hasta lograr la derogatoria del leonino contrato. El que la Repùblica Popular China, Estados Unidos de Amèrica, Canadà, Corea del Sur y Singapur, se coalíguen para enriquecerse a costa de la sangre, sudor y lagrimas de los panameños, no nos debe hacer retroceder en nuestras justas demandas por democracia, justicia y libertad en un paìs sin minería. Al gobierno, a la partidogracia y a los regentes de los órganos del Estado, cabe recordarles la enseñanza de Voltaire: Los pueblos a quienes no se les hace justicia se la toman por sì mismos, más tarde o más pronto.
