La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, informó que un Tribunal de Garantías declaró legales las aprehensiones de las 16 personas vinculadas a la operación “Pandora” y admitió la imputación de cargos por la presunta comisión de delitos contra la fe pública, corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
Como resultado de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público, se ordenaron 13 detenciones provisionales y tres medidas de retención domiciliaria para los imputados.
La audiencia se desarrolló durante tres días consecutivos, luego de las aprehensiones efectuadas el pasado 8 de julio en el marco de la operación “Pandora”, mediante la cual se desarticuló una presunta organización criminal integrada por particulares, funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Modus operandi investigado
De acuerdo con las investigaciones, funcionarios con acceso al sistema E-Tax 2.0 presuntamente manipulaban expedientes y registros tributarios de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.
Según las pesquisas, los registros de estos pagos eran eliminados o modificados para que las sumas aparecieran en el sistema como “pagos no aplicados”, generando créditos fiscales aparentes. Posteriormente, estos créditos eran cedidos o comercializados de manera ilegal con una entidad crediticia establecida en el país y con terceros, permitiendo su conversión en dinero.
Las ganancias obtenidas mediante estas operaciones eran presuntamente distribuidas entre los integrantes de la organización criminal investigada.
Posible lesión patrimonial al Estado
Las autoridades estiman, de manera preliminar, que estas actuaciones pudieron ocasionar una lesión patrimonial al Estado panameño cercana a los 40 millones de dólares.
No obstante, esta cifra permanece sujeta a los resultados de auditorías, peritajes financieros y otras diligencias que continúan desarrollándose dentro de la investigación.
Como parte de la operación, se realizaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron incautados equipos tecnológicos, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con el caso.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, con estricto apego a la Constitución Política y al respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos.
