Ante una reciente comunicación de la empresa Panamá Port Company (PPC) apelando a la seguridad jurídica del país, el presidente José Raúl Mulino respondió con firmeza, recordando que la concesión portuaria está bajo escrutinio judicial y que el contrato actual ha sido señalado como lesivo al interés nacional.
“El que la viola pide seguridad jurídica cuando les toca protegerla. Ese contrato es lesivo al interés nacional, y eso está sustentado en informes de la Contraloría”, declaró el presidente al ser cuestionado sobre el pronunciamiento de la empresa.
Aunque se mostró abierto al diálogo, Mulino fue claro en que no habrá espacio para mantener términos que considera desventajosos para Panamá. “Claro que podemos conversar, pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino… Que lo tengan claro aquí, en China, en Hong Kong y en los Estados Unidos”, afirmó.
El mandatario enfatizó que la transacción que generó controversia “está suspendida, no cancelada” y subrayó que se trata de los dos puertos más importantes del país, ubicados en las entradas del Canal, por lo que su gobierno mantendrá la más alta atención sobre el tema.
“La Corte decidirá. Que presenten sus argumentos jurídicos… y nosotros también plantearemos los nuestros. Pero no vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado ni que lucren sin beneficio para el Estado”, concluyó.
