Por: Alfonso Fraguela González
Luego de una jornada intensa de manifestaciones y señales de rechazo a la ley 462, el tema minero, y el memorándum de entendimiento suscrito con el gobierno Trumpista, y la judicialización de los dirigentes del SUNTRACS, trajo consigo un escenario perturbador.
Esto, dio origen al pronunciamiento de los representantes de la fe quienes en un mensaje a la nación han pedido elevar el mensaje, respetar el debido proceso y buscar un punto de equilibrio que permita llegar a soluciones, y retomar el rumbo del país.
Una de las secuelas del ambiente que se vive, fue la destitución del Gobernador de Bocas del Toro quien luego decretar un toque de queda al igual que lo hicieron sus pares en Chiriquí, y Veraguas, se hizo pública su remoción del cargo.
El gobierno nacional, luego de ver el resultado de la huelga, ordenó la creación una comisión del Alto Nivel ad-hoc, quienes serán los responsables de poner en ejecución la figura de Estado de Emergencia en el interior, que constitucionalmente no existe, ya que el Artículo 55 de la Constitución se refiere al Estado de Urgencia.
Sin embargo, esa acepción, Estado de Emergencia fue el mecanismo que utilizó el Gobierno de Laurentino Cortizo, para justificar unas compras millonarias durante la Pandemia que siguen siendo cuestionadas, las cuales tuvieron su respaldo en la Resolución de Consejo de Gabinete N°11 de 13 de marzo de 2020, publicada en la Gaceta Oficial 28979-B de viernes 13 de marzo de 2020, “Que Declara el Estado de Emergencia Nacional y dicta otras disposiciones”.
En medio de todo esto, surgen las declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso, en el sentido que había diputados que querían tumbar al presidente José Raúl Mulino, y querían llamar a nuevas elecciones.
Esta situación en estos momentos fue percibida de dos maneras, la primera fue que esta declaración es para respaldar la posibilidad de suspender las garantías constitucionales que ya había traído al tapete el exmagistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Arturo Hoyos.
Mientras que el segundo fue por qué no se presentaron las denuncias respectivas, para que lleven adelante las investigaciones, tomando en cuenta que corresponde la Pleno de la Corte Suprema de Justicia investigar y procesar a los Diputados, según el Artículo 39 numeral 1 del Código Procesal Penal.
Ya hemos expresado puntualmente, que no existe un mecanismo legal para ejercer una revocatoria de mandato al presidente de la República. Lo que existe son ciertos actos que contempla el Artículo 191 de la Constitución Política que señala de forma puntual lo siguiente:
“ARTICULO 191. El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo son responsables en los casos siguientes:
- Por extralimitación de sus funciones constitucionales.
- Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.
- Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.
En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común”. (Lo resaltado en negrita es nuestro).
Es decir, que estas son las únicas formas que permitirían separar al presidente de sus funciones, lo cual supone un proceso previo para ello, respetando las garantías procesales que siguen al individuo como la sombra al cuerpo.
Una interrupción a la fuerza del orden constitucional y el desconocimiento de la voluntad popular, nadie en este país lo permitirá.
En pocas palabras veo imposible y remota la posibilidad del supuesto Golpe de Estado y llamado a las elecciones.
Lo que veo es una frustración y una historia descabellada que alguien que no está en su sano juicio quien le expreso a la exgobernante de panameña, semejante comidilla.
Actualmente, habrá más de cuatro con sus amuletos, resguardos y hasta consultando con un Chamán para que los guíe, y para que la situación del país mejore.