Por: Carmen Boyd Marciacq
Cómo si de una burda imitación de aquel momento en que frente a Poncio Pilatos, romanos pedían la liberación del mayor delincuente de esos tiempos, llamado «Barrabás», ahora desde el seno de la Asamblea, diputados que debieran estar creando leyes para beneficio del país, hacen un esfuerzo (remunerado o no), por liberar a dos expresidentes de los barrotes de la justicia.
Para hacernos entender, debemos empezar por decir que tanto una Amnistía como un Indulto, deben estar antecedido de una serie de requisitos, entre ellos por ejemplo, que a los que se quieran «beneficiar», hayan ingresado al sistema penitenciario, es decir estén cumpliendo una condena en algún centro de resocialización, llámese La Joya, Joyita, Renacer, Punta Coco, etc.
También deberían haber cumplido al menos 3/4 partes de la condena y por supuesto haber mantenido una buena conducta. Un indulto propiamente dicho, supone el perdón de la pena, mientras que una amnistía por el contrario supone el perdón del delito.
Entonces de que estamos hablando? Por ejemplo: Hasta donde entendemos los casos Odebecht (delito contra el orden económico, blanqueo de capitales y corrupción) y New Business (Lavado de dinero), por citar algunos, no fueron delitos políticos, sino comunes. No importa como lo quieran disfrazar, no se trata de delito de orden político, sino del esfuerzo de 40 diputados que nadie sabe si por ser amigos de vieja del «Alí Babá», otros quizás y presumiblemente seducidos por el vil metal, ahora se rasgan las vestiduras, defendiendo al que en sus momentos de «delirium tremens», se inventa persecusiones y secuestros que nadie cree.
Es iluso pensar que en la «Cuna de Lobos» ubicada en la 5 de mayo, sus ocupantes vayan a dar el voto negativo a la aberración jurídica que ese anteproyecto de Ley significa, y que es repudiado por personas honestas, decentes, la Cámara de Comercio, organizaciones sindicales, y hasta ha sido cuestionada muy sutilmente por la Iglesia Católica al referirse en su homilía a la corrupción e impunidad.
De hecho uno de los más connotados y respetado abogado, el Dr. Juan Manuel Castulovich, se refirió a este tema en el 2014, señalando que: «El indulto para los delitos políticos debe mantenerse y ser concedido, cuando se justifique por las circunstancias de cada caso específico, por razones humanitarias o para acatar, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, las normas de Derecho Internacional, consagradas en tratados de los que Panamá es parte.
En tanto la Cámara de Comercio, en la figura de su presidente Juan Arias, sostuvo este domingo que: si bien estas acciones apuntan al fortalecimiento de nuestras instituciones, el gremio condena la presentación de un proyecto de ley que va en sentido contrario. Se trata de una propuesta que pretende otorgar amnistía a personas condenadas —o que resulten condenadas— por delitos de corrupción en casos emblemáticos como New Business, Odebrecht y Blue Apple.
Esta iniciativa contradice directamente la actuación responsable de la Contraloría y la Procuraduría, y representa un intento burdo de socavar el Estado de Derecho, sostiene la Cámara de Comercio.
La Constitución es clara: la amnistía aplica exclusivamente a delitos políticos.** Intentar extender esa figura a delitos comunes, y peor aún, a casos de corrupción, es un grave atropello legal y moral. Es una señal de impunidad que erosiona la confianza ciudadana y hiere profundamente el sentido de justicia. Exigimos al Órgano Legislativo que rechace de plano esta propuesta, y al Ejecutivo que no la respalde bajo ninguna circunstancia.
No es momento para agendas ocultas ni para aprovechar la confusión con fines políticos. Es momento de poner a Panamá por delante de cualquier interés personal o partidista. Lo que está en juego va más allá: está en juego la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en su futuro, sostienen los empresarios.
Hoy más que nunca, Panamá necesita justicia firme, instituciones sólidas y una ciudadanía unida. **Vestir la camiseta del país no es un discurso: es una responsabilidad.**
Finalmente y lo más preocupante de todo este mamotreto de Ley, es que al liberar a los «barrabases» del cumplimiento de sus penas, por delitos comunes, los más beneficiados serían los abogados del país, que con justo sustento jurídico, podrían dar pie a los condenados que por delitos comunes abarrotan nuestras cárceles… y… con que moral se les negaría si dejaron libre a dos BARRABASES EN LA SEMANA MAYOR?
