Por: Alfonso Fraguela.
La llegada de enero trajo consigo la toma de posesión de Un Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente, del Procurador General de la Nación y de la Procuradora de la Administración. Mientras que por la Asamblea Nacional tomo posesión el Contralor General de la Nación, y el Subcontralor.
Todos estos funcionarios tienen sobre sus hombros una enorme responsabilidad ya que la ciudadanía espera respuestas rápidas y precisas sobre temas puntuales que han despertado inquietud en la agenda nacional.
El Magistrado entrante del Tribunal Electoral fue electo presidente el mismo día que llegó al cargo, y tendrá que iniciar todo un proceso encaminado a estudiar y hacer los preparativos concernientes a reformar el Código Electoral, para cumplir con la tradición de tener un proceso moderno e innovador para las elecciones que vengan.
Todo ese proceso de consulta con representantes de los partidos políticos y de los independientes será un proceso intenso donde los beneficios históricos no quieren ser cedidos por quienes lo han utilizado para ganar elecciones tras elecciones.
Dando cumplimiento a los Artículos 142, 143, y 144 de nuestra Carta Magna.
El Ministerio Público tendrá retos puntuales como son la modernización y recomposición de los fiscales, para que sean más funcionales y cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política que es investigar y perseguir el delito.
También tendrá la responsabilidad de examinar las investigaciones realizadas durante la Administración del Procurador Javier Caraballo e iniciar las investigaciones de los procesos que quedaron rezagados y de los cuales el pueblo espera respuesta.
Es decir, que su marco de acción esta consagrado en los Artículos 219, 220, 221, 222, 223, y 224 de nuestra Carta Fundamental.
En el caso del Contralor General de la República, el primer reto será examinar la ley Orgánica de la Contraloría aprobada durante la administración de Gerardo Solís, disminuyendo los superpoderes discrecionales que se habían hecho como traje a la medida.
Igualmente deberán realizarse auditorias, para confirmar que los dineros que fueron aprobados se utilizaron en debida forma, ya que de lo contrario deberán promover las acciones legales correspondientes.
El no hacer ninguna de estas medidas, podrían llevar al final del camino de los cinco años a tener que dar explicaciones por las omisiones, lo cual podrían comprometerlo.
Usualmente se dice “que toda escoba nueva barre bien”, pero si no te gusta la limpieza es mejor que inicies un proceso de adaptación a los cambios, porque eso se puede complicar.
Cumpliendo al pie de la letra lo dispuesto en los Artículos 279 y 280 de la Constitución Política de la República de Panamá.
