Por: Miguel Antonio Bernal V.

El sistema político impuesto a través del estatuto constitucional de 1972 y sus reformas, se puede afirmar que más que en crisis, se encuentra en franca bancarrota.

Su desgaste y desprestigio, aunque insuficientemente analizado, ha quedado evidenciado en los resultados de las últimas elecciones. La sociedad panameña -desbordada por tantas dificultades- expresó a su manera sus deseos de cambio par evitar una catástrofe mayor a la que nos ha llevado la constitución impuesta y sus sistema electoral anti ciudadano.

No cabe duda que, las informaciones que han emanado en los primeros casi noventa días del nuevo gobierno, abren el camino a una mayor indignación y desligitimación  que no han tardado en traducirse en insatisfacción y decepción. Ello es así dada la rapiña practicada por la empresa criminal conjunta que asaltó las arcas del Estado a decir no más. 

Y, si bien es verdad que, como ciudadanos hemos sido un desastre por haber permitido el huracán de abusos que hoy nos aterran, también es cierto que el sistema impuesto ha funcionado para dar cabida a los mismos y abrumarlos de legalidad a través de las instancias y autoridades (como Contraloría y Procuraduría), estructuradas para tales menesteres.

Por ello debemos crear los mecanismos cívicos necesarios para ponerle un alto a este escenario de complicidad, indolencia e indiferencia que se ha instalado. Por ello debemos los ciudadanos empoderarnos, además de avergonzarnos, y crear las condiciones necesarias que nos permitan rescatar, además de las riquezas apropiadas, las instituciones necesarias para impedir cotidianos desafueros  como los perpetrados por los salteadores de camino que han dejado al país en bancarrota económica y moral.

La convocatoria presidencial a un proceso constituyente nos abre las puertas a los ciudadanos para acometer, sin vacilaciones, la urgente tarea de reconstitucionalización y de reinstitucionalización necesarias para salir adelante como sociedad.

No podemos eludir, por acción u omisión, prepararnos para realizar el cambio necesario por el camino del proceso constituyente, democrático y participativo.

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