Por: Dicky Panay.
Se ha dicho, escrito y publicado mucho sobre la mal llamada descentralización paralela, sin embargo, hay poco análisis real de su significado e impacto sobre el desarrollo nacional y en especial sobre el territorio nacional.
Con la ley de descentralización del año 2009, posterior a la reforma constitucional que elevaba el proceso de descentralizacion a rango constitucional, se abrió por primera vez desde los tiempo de union con Colombia una expectativa de desarrollo territorial en un país centralista con una enorme brecha entre provincias, comarcas, distritos y corregimientos que por mas de un siglo han reclamado recursos y competencias para enfrentar las demandas y necesidades de su población.
Su aprobación tardía en el año 2009 y las elecciones territoriales donde de la mayoría de diputados, alcaldes y representantes fueron ganados por el PRD después de una exitosa gestión de desarrollo local realizada en el programa PROINLO que asignaba fondos provenientes del Canal de Panamá por 500 millones de dólares en 10 años para uso de corregimientos, alcaldias y gobernaciones.
La suspensión de la ley 37 por la ley 77 de noviembre del año 2009, hasta su puesta en vigencia y reforma en año 2016 castraron el sentido de instrumentalizar un desarrollo local gradual autónomo, sostenible y democrático.
Estos procesos se alejaron de lo planeado y diseñado despues de 15 años de consultas y gestiones que fue el periodo de gestacion de la ley de descentralizacion, en el periodo democratico post invasión que comenzó en el gobierno de Balladares continuado por el de Moscoso y terminado con Torrijos.
La suspensión y la reforma permitió que se gestara un proceso de utilización y uso político del la estructura administrativa local por parte de las instancias centrales hacia los representantes y alcaldes que nos llevaron a lo que hoy se conoce en el argot político como descentralización paralela, que no es más que la asignación de fondos públicos para fines de gestión política para algunos municipios sin el marco regulatorio original de la ley de descentralizacion y sin la participación y conocimiento ciudadano. Este hecho, además de ser ilegitimo antidemocrático promueve la corrupción y construye procesos de ingobernabilidad política dañinos a la democracia.
Tanto el gobierno central como los diputados asignaron fondos a las juntas comunales y alcaldías con fines políticos más que de desarrollo aunque algunos piensan “que repartir plata es desarrollo”. El daño principal de este proceso se centra en la pérdida reputacional del gobierno local y la corrupción generalizada provocada en el ámbito territorial por un proceso de asignación de fondos deforme y ajeno a la transparencia institucional que el desarrollo local requiere. Además, permitió aislar adversarios políticos desde el año 2016 hasta la fecha, chantajear autoridades y sobre todo manipular a través del clientelismo político a la población local.
Los gobiernos de turno se aprovecharon de una real necesidad de fondos del gobierno local para satisfacer necesidades territoriales y de sus responsabilidades para con el desarrollo de los ciudananos localizados en toda la geografía nacional. En constraste promovieron y financiaron el clientelismo local a través de sus copartidarios y aliados políticos asignando fondos discrecionales. Hoy no tengo dudas que muchos de esas autoridades tendrán que enfrenta procesos judiciales por malversación de fondos, mal uso de recursos o corrupción.
La descentralizacion es un proceso que necesita profundizarse, ampliarse y consolidarse como una forma más eficiente de gestionar los recursos y las competencias públicas, por tanto, el proceso de asignación de recursos requiere de mecanismos eficaces, eficientes y transparentes donde los ciudadanos sean objeto y sujeto del bienestar generado por sus usos y donde su participacion sea directa y protagónica.
Con un modelo económico tan concentrado como el que presenta Panamá, solo la descentralizacion de los recursos y competencias podrá ir gradualmente corrigiendo las brechas entre territorios, corregimientos, distritos, provincias y regiones y es casualmente esa la razón más importante para rechazar la descentralización paralela y los repetidos esfuerzos por utilizar a las autoridades locales como comodines políticos en el tablero de la manupulación del poder, que distorcionan el legítimo proceso de descentralizacion.
