Por: Miguel Antonio Bernal V.
El término del período como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia e Ayú Prado, sirve de escenario para la nueva farsa de “escogencia” de su remplazo. Nuevos suspirantes, haciéndose pasar por aspirantes, se ofrecen para ser tomados en cuenta, aun a sabiendas que ya el Ejecutivo autoritario tiene el nombre, el apellido y el apodo del remplazo.
La gravísima crisis del Órgano Judicial de nuestro país, no cesa de profundizarse: una ausencia absoluta de independencia y transparencia, sumada a la imparable morosidad, parcialidad, prevaricato, corrupción e impunidad, tienen a la ciudadnía en estado de absoluta indefensión y de cotidiano atropello de sus libertades, derecho y garantías.
Si ya el Ejecutivo ha hecho su selección, si la metodología seguida se aparta de una real y verdadera participación ciudadana, si tres personas del Ejecutivo desecharán –según criterios desconocidos- a la totalidad de “suspirantes” para que los escrutados por el Pacto de Estado por la Justicia, integrado en su gran mayoría por funcionarios del Estado, ¿para qué la farsa?.
Llevo lustros expresando la opinión que el “escrutinio ciudadano” debe ser más promocionado y organizado además, ausente de tanto ocultismo y secretismo sobre los suspirantes. Recordar que si se trata de un cargo público , lo público debe ser todo público.
¿Cuáles son los criterios de pre-selección que se utilizarán? ¿Cuáles son las referencias que se tendrán de los suspirantes, solo su curriculum? ¿Qué sabremos sobre su estado de Salud?¿Harán un examen psicológico?
Nos dirán sus ejecutorias en la profesión, libros, investigaciones, conferencias, participación ciudadana? ¿Nos dirán la trayectoria pública en defensa del Estado de Derecho? ¿Sabremos sobre su experiencia detallada de la Sala Penal, a la cual aspira se le nombre?
¿Contestarían públicamente 25 preguntas que les formulase un jurado ciudadano? ¿Revelarían el árbol genealógico de vinculación, si la tienen con diputados o suplentes de diputados. Ministros o Viceministros? Alcaldes? Representantes de Corregimiento? Directores y Subdirectores de Entidades Autónomas y Semiautónomas? Embajadores? Consules? Comisionados de Policía? Actuales Magistrados?
¿Nos presentarán sus declaraciones de renta de los ultimos 10 años y, al menos, diez personas que den fe que califica para ejercer la magistratura? ¿Nos dirán si tienen acciones en bancos o medios de comunicación? ¿Cerrará la oficina de abogado?
Preguntémonos estas y muchas cosas más. Es nuestro derecho ciudadano.
