Recientemente se introdujo una iniciativa legislativa para derogar la Ley 122 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística. y modificar el artículo 9 de la Ley 80, estableciendo incentivos a inversionistas en empresas turísticas. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) apoya esta iniciativa, ésta contribuye a la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS 2020-2025), incentiva la atracción de inversiones turísticas, creando empleos, descentraliza la economía y contribuye a cerrar la brecha de desigualdad.
En el país existen más de 30 mil habitaciones de hotel; 20 mil están en la ciudad de Panamá, mientras que en países competidores, la principal infraestructura se encuentra fuera de la ciudad capital.
Para competir con otros destinos a nivel internacional, debemos generar infraestructura turística en el interior del país, donde se calcula que está más del 80% de los atractivos turísticos de Panamá.
Para que nuestro país alcance esa posición a corto y mediano plazo es necesario impulsar un programa de incentivos a la inversión privada, como en otros países de la región.
Los elementos principales que se proponen en la modificación de la ley es que se otorgaría un crédito fiscal a un 60% de la inversión total del proyecto declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca; se limitará el crédito aplicable por la inversión en infraestructura del plan maestro a un máximo del 20% del valor total de la inversión, excluyendo el valor de la finca.
Se acortaría el periodo del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2023 (hoy es hasta 2025). Se limitan las zonas geográficas aplicables a los destinos fuera del distrito de Panamá declarados en la Resolución de Gabinete No. 14 de 7 de febrero de 2017. Se limita solamente a inversiones en hoteles/sitios de alojamiento incluyendo sus inversiones complementarias turísticas. Se exige al inversionista que antes de poder aplicar su crédito fiscal, demuestre que ya haya iniciado la construcción del proyecto.
La actividad turística es uno de los principales motores económicos, representó al país $7 mil millones en divisas en el 2019.
El objetivo de la ley es que el turismo pueda contribuir como motor económico en zonas vulnerables como en los 68 corregimientos del Plan Colmena, uno de los proyectos insignia del Presidente de la República Luarentino Cortizo.
La proyección es atraer inversiones para abrir 5,000 nuevas habitaciones hoteleras; se estima que se podrían generar más de 5,000 empleos directos y más de 20,000 empleos indirectos.
En el momento de la peor crisis económica de nuestra historia reciente, esta ley contra cíclica generará una importante estimulación a la economía y creación de empleos sin desembolsos del Estado.
Esta ley es autofinanciable ya que al iniciar las construcciones turísticas se generan para el Estado impuestos de ITBMS, permisos, contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS), y posteriormente ISR permanente, que luego se van compensando con los créditos otorgados.
Con la ejecución de proyectos se crearán miles de puestos de trabajo inmediatos y al culminar la obra se crearán empleos permanentes y sostenibles.
Además, la ley estimulará en primera instancia la industria de la construcción en una coyuntura en donde el sector inmobiliario residencial y comercial tienen una sobreoferta, producto de la contracción de la demanda por estos bienes.
Todos los proyectos en trámite bajo la Ley 122 tendrán que aplicar a los incentivos bajo los términos de la nueva ley, a excepción de un solo proyecto que culminó el trámite completo ante la Dirección General de Ingresos ($9 millones).
