Panamá avanza hacia su adhesión a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), luego de que el Consejo de Gabinete aprobara el proyecto de ley 27-26, mediante el cual se adopta el Convenio Constitutivo de este organismo internacional, elaborado en México el 18 de septiembre de 2021.

La iniciativa busca que Panamá forme parte de un mecanismo regional orientado a reducir la brecha digital y generar mayores condiciones de igualdad para el acceso a información, innovación y tecnología espacial con fines pacíficos.

La incorporación a la ALCE también permitirá fortalecer la participación y coordinación entre el sector público y privado vinculado a la actividad espacial, ampliando las oportunidades de Panamá para participar en programas, proyectos y actividades de interés tecnológico impulsados por la organización.

Entre los beneficios previstos se encuentra la participación en iniciativas regionales para coordinar actividades espaciales, mejorar los sistemas de comunicación satelital y fortalecer las capacidades de alerta temprana ante fenómenos asociados al cambio climático.

Asimismo, la adhesión contribuiría al desarrollo de las telecomunicaciones satelitales regionales, con potencial impacto en la calidad y cobertura de los servicios de conectividad e internet para transmisión de voz, datos y televisión, así como en aplicaciones profesionales, personales y de entretenimiento.

La cooperación espacial también abre oportunidades para fortalecer áreas estratégicas como la telemedicina, los sistemas de navegación y otras aplicaciones tecnológicas orientadas a mejorar el bienestar de la población.

El convenio contempla, además, el fortalecimiento de la transformación digital y la inclusión social mediante el uso de sistemas de observación espacial para el monitoreo de actividades agrícolas y la identificación de riesgos relacionados con desastres naturales.

Con la aprobación de la iniciativa, se autorizó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, a presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional para su consideración y eventual ratificación.

De concretarse la adhesión, Panamá se integraría a los esfuerzos regionales para aprovechar la tecnología espacial como herramienta para fortalecer la conectividad, la innovación, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 89-26, mediante la cual se adopta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República de Panamá, que establece los objetivos, programas, acciones y prioridades para promover el desarrollo y uso ético, responsable, inclusivo y seguro de esta tecnología en el país.

La resolución fue sustentada por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), y plantea como visión convertir a Panamá en el “Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”, aprovechando sus fortalezas en conectividad, servicios globales y estabilidad institucional.

La estrategia contempla como ejes prioritarios el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la soberanía tecnológica, la generación de prosperidad, la sostenibilidad ambiental, la cooperación internacional y la atracción de inversiones estratégicas, en línea con las prioridades nacionales y las mejores prácticas internacionales.

El documento fue presentado ante el Consejo de Gabinete por la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes, a través de su Subcomisión de Inteligencia Artificial, instancia que integra representantes de la academia y del sector productivo, bajo la coordinación técnica de SENACYT.

La aprobación de esta estrategia, junto con la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, forma parte de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una iniciativa de Estado orientada a responder a los desafíos nacionales y globales mediante el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de una economía basada en el conocimiento.

La Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas fue presentada oficialmente al país en junio de 2026. Durante su lanzamiento, el presidente José Raúl Mulino destacó que la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores son tecnologías que están transformando el mundo y que tendrán un papel estratégico en el desarrollo económico y tecnológico de Panamá.

Con la aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, Panamá establece una hoja de ruta para fortalecer sus capacidades tecnológicas, promover la innovación y avanzar hacia un ecosistema de inteligencia artificial que contribuya al desarrollo sostenible y a la competitividad del país.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión con diputados de diversas bancadas de la Asamblea Nacional (AN), a quienes presentó los principales alcances del paquete de reformas a la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico panameño.

El encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, tuvo como objetivo explicar a los diputados las modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto presentar próximamente ante el Órgano Legislativo, orientadas a corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer el marco regulatorio y mejorar la prestación del servicio en beneficio de los usuarios.

La reunión se desarrolló luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución No. 83-26, mediante la cual se autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.

Durante la apertura del encuentro, Orillac destacó la importancia de que los diputados conozcan en detalle la propuesta antes de su discusión legislativa.

“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes. Queremos que se les explique en detalle, que puedan indagar y hacer las observaciones que tengan a bien”, manifestó el ministro.

Orillac señaló además que el tema energético constituye una prioridad para el gobierno del presidente José Raúl Mulino, particularmente por su impacto directo en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

El ministro estuvo acompañado por el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega; Zelmar Rodríguez Crespo, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP); y Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario Nacional de Energía, quien presentó el contenido de las reformas.

La propuesta contempla la modificación de 19 artículos existentes y la incorporación de cuatro nuevos artículos a la Ley 6, además de modificaciones a dos artículos de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que regula a la ASEP.

Rodríguez Jaramillo explicó que la iniciativa responde a situaciones que afectan directamente a los usuarios del servicio eléctrico.

“Este proyecto de ley aborda aspectos muy específicos que consideramos necesario atender para beneficiar de forma directa a los usuarios y consumidores”, sostuvo, al señalar que las reformas son resultado de aproximadamente dos años de trabajo conjunto.

Entre los aspectos que busca atender la iniciativa se encuentran las fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del suministro, los daños ocasionados a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización a los clientes.

El proyecto, que aplicaría a los próximos contratos, también incorpora disposiciones dirigidas a fortalecer la transparencia de la información proporcionada a los usuarios y establece plazos definidos para la atención y resolución de reclamos.

De igual manera, contempla el reconocimiento de créditos a los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio, conforme a la reglamentación vigente, así como nuevas herramientas para fortalecer la supervisión por parte de la autoridad reguladora.

Uno de los puntos de mayor alcance de la propuesta es el incremento de las sanciones aplicables a las empresas eléctricas. De acuerdo con el proyecto, los prestadores del servicio público de electricidad podrían recibir multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan equilibrar la relación entre las empresas prestadoras y los usuarios, al tiempo que fortalecen los mecanismos de protección al consumidor dentro del sector eléctrico.

La propuesta también contempla otorgar a la ASEP facultades para intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad cuando se registre un incumplimiento, durante el período requerido para corregir la falta, o mientras se lleva a cabo un proceso de rescisión, resolución administrativa del contrato o terminación de la licencia correspondiente.

La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y contó con la participación de representantes de distintas bancadas, quienes conocieron los detalles de la propuesta que próximamente será presentada para su discusión en el Órgano Legislativo.

Más de 40 instalaciones públicas, educativas, de salud, aeroportuarias y residenciales fueron inspeccionadas este lunes por equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), luego del fuerte sismo registrado a las 7:34 a.m., que fue percibido en diferentes puntos del territorio nacional.

Como medida preventiva, varias estructuras fueron evacuadas mientras se realizaban las evaluaciones de seguridad. Entre ellas estuvieron los aeropuertos Internacional de Tocumen y Marcos A. Gelabert de Albrook, además de centros educativos y establecimientos de salud. El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), actualizado hasta la 1:00 p.m., no reportó personas fallecidas ni heridas como consecuencia directa del movimiento telúrico.

Las primeras inspecciones permitieron detectar principalmente grietas, fisuras, rajaduras y otras condiciones que requieren valoración técnica. Las autoridades también señalaron que algunas de estas afectaciones podrían ser anteriores al sismo, por lo que deberán realizarse evaluaciones especializadas para determinar cuáles estarían relacionadas con el movimiento registrado.

En la provincia de Colón, cinco instalaciones fueron evaluadas y cuatro presentaron algún tipo de afectación, mientras que tres fueron evacuadas de manera preventiva. En la Policlínica de Nuevo San Juan se observaron grietas en el cuarto piso, mientras que en el Centro de Salud de Buena Vista se identificó un aumento de grietas que ya estaban presentes.

En la Policlínica Hugo Spadafora se reportó un hundimiento en el cuarto piso, situación que llevó a la evacuación preventiva del personal. También fueron inspeccionados el edificio del MINSA ubicado en Calle 11, Paseo Gorgas, y una estructura de 15 pisos que, durante la primera evaluación, no mostró daños visibles, aunque se recomendó una revisión estructural más detallada. En el Hogar de Ancianos Atlántico se registraron afectaciones parciales en paredes, losas y marquesinas, mientras que en el Edificio Gilbert se observaron rajaduras y daños en zonas de escaleras.

En la provincia de Panamá, las inspecciones incluyeron los aeropuertos de Tocumen y Albrook, que fueron evacuados preventivamente para facilitar las verificaciones. También se revisaron hospitales, centros educativos, edificios públicos y estructuras residenciales. En el Centro Ann Sullivan, los ocupantes fueron evacuados y posteriormente autorizados a regresar tras la evaluación inicial, sin que se reportaran novedades relevantes.

En la Escuela Amador Guerrero, ubicada en Barraza, se observaron rajaduras y otros daños que, de acuerdo con la evaluación preliminar, incluirían afectaciones antiguas. Mientras tanto, en el PH Venecia Tower fueron reportadas rajaduras en algunos apartamentos, por lo que la situación continúa bajo evaluación.

En Coclé, los equipos de SINAPROC inspeccionaron diferentes instalaciones públicas y educativas. En Aguadulce, algunos edificios fueron acordonados preventivamente debido a condiciones que requieren estudios más detallados, mientras que en el edificio del IFARHU se identificaron nuevas fisuras posteriores al sismo.

En Penonomé, la sede regional del MEDUCA presentó fracturas en su estructura y se recomendó realizar un estudio técnico especializado. En el Centro Bilingüe La Compañía se observaron rajaduras en paredes y también se recomendó una evaluación profesional. Las escuelas Simeón Conté y Federico Zúñiga fueron evacuadas preventivamente, sin que durante las primeras inspecciones se identificaran daños aparentes atribuibles al movimiento telúrico.

En Los Santos, la Escuela Porras fue inspeccionada por personal del MEDUCA como parte de las evaluaciones realizadas tras el sismo. SINAPROC mantiene el monitoreo de las estructuras reportadas y continuará con las verificaciones necesarias para determinar las condiciones de seguridad de cada instalación. Las autoridades reiteraron a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de los equipos de emergencia.

La rehabilitación de 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito podrá avanzar luego de que la Contraloría General de la República refrendara un contrato por $11,623,000, más financiamiento, para ejecutar trabajos de recuperación y mantenimiento de estas estructuras.

El proyecto, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contempla intervenciones en 11 puentes modulares tipo Mabey, varios de los cuales, según la entidad, acumulan más de 25 años sin recibir trabajos integrales de mantenimiento o reparación.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó a un medio local que la orden de proceder ya fue emitida a la empresa responsable de ejecutar el proyecto, por lo que se espera el inicio de las obras en las estructuras contempladas en esta primera etapa.

Entre los primeros puentes que serán atendidos figuran el ubicado en avenida Balboa con calle 3 de Noviembre, el puente de vía España, a la altura de Río Abajo, conocido como El Balboa, y el de Brisas del Golf.

El proyecto abarca estructuras localizadas en puntos estratégicos de la capital y San Miguelito, específicamente en vía España, Paraíso, Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Brisas del Golf, la Universidad Católica Santa María La Antigua, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Asamblea Nacional, avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

Trabajos incluyen refuerzo estructural

De acuerdo con el MOP, las obras contemplan una intervención integral de los puentes, que incluye el reforzamiento de las bases, sustitución de elementos metálicos y juntas transversales, recuperación de la superficie de rodadura y aplicación de pintura anticorrosiva.

También se realizarán mejoras en los accesos y sistemas de drenaje, además de la instalación de nueva señalización vial y la rehabilitación de las barandas de seguridad.

El contrato establece un plazo de 450 días calendario para completar los trabajos. Una vez finalizada la rehabilitación, la empresa contratista deberá encargarse durante tres años del mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras intervenidas.

La iniciativa busca recuperar puentes que cumplen un papel importante en la movilidad vehicular de la capital y San Miguelito, al tiempo que se extiende su vida útil y se mejoran sus condiciones de seguridad.