El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión con diputados de diversas bancadas de la Asamblea Nacional (AN), a quienes presentó los principales alcances del paquete de reformas a la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico panameño.
El encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, tuvo como objetivo explicar a los diputados las modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto presentar próximamente ante el Órgano Legislativo, orientadas a corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer el marco regulatorio y mejorar la prestación del servicio en beneficio de los usuarios.
La reunión se desarrolló luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución No. 83-26, mediante la cual se autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.
Durante la apertura del encuentro, Orillac destacó la importancia de que los diputados conozcan en detalle la propuesta antes de su discusión legislativa.
“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes. Queremos que se les explique en detalle, que puedan indagar y hacer las observaciones que tengan a bien”, manifestó el ministro.
Orillac señaló además que el tema energético constituye una prioridad para el gobierno del presidente José Raúl Mulino, particularmente por su impacto directo en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
El ministro estuvo acompañado por el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega; Zelmar Rodríguez Crespo, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP); y Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario Nacional de Energía, quien presentó el contenido de las reformas.
La propuesta contempla la modificación de 19 artículos existentes y la incorporación de cuatro nuevos artículos a la Ley 6, además de modificaciones a dos artículos de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que regula a la ASEP.
Rodríguez Jaramillo explicó que la iniciativa responde a situaciones que afectan directamente a los usuarios del servicio eléctrico.
“Este proyecto de ley aborda aspectos muy específicos que consideramos necesario atender para beneficiar de forma directa a los usuarios y consumidores”, sostuvo, al señalar que las reformas son resultado de aproximadamente dos años de trabajo conjunto.
Entre los aspectos que busca atender la iniciativa se encuentran las fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del suministro, los daños ocasionados a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización a los clientes.
El proyecto, que aplicaría a los próximos contratos, también incorpora disposiciones dirigidas a fortalecer la transparencia de la información proporcionada a los usuarios y establece plazos definidos para la atención y resolución de reclamos.
De igual manera, contempla el reconocimiento de créditos a los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio, conforme a la reglamentación vigente, así como nuevas herramientas para fortalecer la supervisión por parte de la autoridad reguladora.
Uno de los puntos de mayor alcance de la propuesta es el incremento de las sanciones aplicables a las empresas eléctricas. De acuerdo con el proyecto, los prestadores del servicio público de electricidad podrían recibir multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan equilibrar la relación entre las empresas prestadoras y los usuarios, al tiempo que fortalecen los mecanismos de protección al consumidor dentro del sector eléctrico.
La propuesta también contempla otorgar a la ASEP facultades para intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad cuando se registre un incumplimiento, durante el período requerido para corregir la falta, o mientras se lleva a cabo un proceso de rescisión, resolución administrativa del contrato o terminación de la licencia correspondiente.
La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y contó con la participación de representantes de distintas bancadas, quienes conocieron los detalles de la propuesta que próximamente será presentada para su discusión en el Órgano Legislativo.
